Lourdes Ciuró, la consejera de Justicia del Govern autonómico catalán por la cuota de Junts per Catalunya (JxCat), ha anunciado que la Generalidad exigirá a todo el personal judicial con plaza en Cataluña que certifique el nivel de catalán C1, que según ella es el que poseen los alumnos al acabar la enseñanza obligatoria. Hasta ahora y según un convenio suscrito entre la Generalidad catalana y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el nivel que debían demostrar jueces, fiscales y personal a su cargo es el B2, un escalón inferior al C1.
En respuesta a una pregunta de un diputado de su propio partido, Francesc de Dalmases, que llegó a decir que el idioma catalán sufre una persecución desde hace trescientos años, la consejera aseguró que entre los planes de la Generalidad para reforzar la presencia del catalán en el ámbito judicial "exigiremos que los profesionales que actúen en Cataluña deban tener como mínimo el nivel C1. Y eso no es nuevo, en Valencia ya está concedido. Por tanto, en Cataluña era hasta ahora el B2 y exigiremos el C1, que es el que tienen nuestros estudiantes cuando acaban la escolarización".
La Generalidad reconoce cinco niveles de catalán para el acceso y el ejercicio de empleos públicos: el básico (A2), elemental (B1), intermedio (B2), de suficiencia (C1) y superior (C2). En cuanto al caso valenciano, el CGPJ tiene un acuerdo con la Generalidad valenciana que faculta a la administración autonómica a exigir a jueces y fiscales el nivel C2. La "Junta Calificadora de Conocimientos del Valenciano" utiliza los mismos códigos que la Generalidad catalana.
De mérito a requisito
Para exigir el C1 en el caso catalán, el Govern debería llegar a un acuerdo con el CGPJ, lo que dado el precedente valenciano se da por descontado entre los dirigentes independentistas. En ese caso, el conocimiento del catalán dejaría de ser un mérito para convertirse en un requisito en los concursos de traslado.
Además, la consejera Ciuró anunció que "convocamos en cuatro años doscientas becas para jueces y fiscales, para que puedan ejercer en Cataluña, para ganar estabilidad en las plantillas y, por tanto, que también conozcan nuestra lengua. Las becas estarán alrededor del salario mínimo interprofesional".
La Generalidad está empeñada en catalanizar la administración de Justicia en Cataluña porque considera que se vulneran los derechos lingüísticos de quienes se dirigen en catalán a los tribunales. Como argumento de peso esgrimen que sólo un 6% de las sentencias se dictan en catalán.