El Ministerio de Interior vive en una situación de agitación interna permanente desde que Fernando Grande Marlaska tomó posesión de su cargo como ministro en junio de 2018. A sus diferencias con los altos mandos de la Guardia Civil y los agentes de base de la Policía Nacional y la propia Benemérita, se han sumado desde un principio sus diferencias con los trabajadores de los centros penitenciarios españoles.
Todos estos colectivos han protagonizado movilizaciones en las calles en los últimos años y, a la vuelta del verano, si la situación no cambio –y nada parece indicar que lo vaya a hacer–, se volverán a repetir las manifestaciones contra la gestión del máximo responsable de Interior. Serán los funcionarios de prisiones los que volverán a mostrar su rechazo a la gestión del máximo responsable de Interior.
Así lo han confirmado este jueves los portavoces de los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF Prisiones, José Ramón López y Jorge Vilas, que han comparecido antes los medios de comunicación para denunciar que el "buenismo" impuesto en las cárceles por el actual Gobierno está poniendo en riesgo la vida de los funcionarios y para exigir muchas más medidas de seguridad en el interior de estos recintos.
López ha explicado que la situación dentro de las cárceles es "crítica" y que se ha producido un aumento "cualitativo y cuantitativo de las agresiones". "En este mes llevamos 15 agresiones graves. Esto es absolutamente insoportable y la administración no hace nada por evitarlo. Llevamos 5 años esperando a que den alguna solución, pero la respuesta de la administración es cero", ha denunciado.
"No estamos dispuestos a aguantar este tipo de situaciones. Hay agresiones graves casi todos los días. Hay una agresión a un funcionario de prisiones cada 36 horas. La administración quiere que haya el mayor número de internos en tercer grado. Nosotros decimos que cada uno debe estar donde le corresponde. Y la administración debe actuar sobre los internos que no cumplen las reglas, el buenismo pone en riesgo a los funcionarios de prisiones", ha continuado.
Vilas ha puesto sobre la mesa la necesidad de que tanto Instituciones Penitenciarias como el Ministerio del Interior escuchen a los funcionarios de prisiones y negocien con ellos un protocolo de seguridad que ayude a mejorar la situación en las cárceles españolas. "No tienen ganas de negociar. No les importa la opinión de los trabajadores. Solo tratan de simular una negociación", ha dicho.
"Para nosotros las agresiones en los centros penitenciarios son evitables. Sabemos que el riesgo cero no existe, pero hay muchas que son evitables. Tenemos falta de medios materiales, no tenemos el equipo adecuado, y de medios humanos. En Prisiones hay más de 3.000 plazas sin cubrir, en todo tipo de puestos. Esta falta de personal es la que facilita las agresiones", ha denunciado.
También ha señalado directamente al "buenismo" de Instituciones Penitenciarias. "No se hace entender a los presos que tienen que respetar las reglas para luego tener beneficios. Estamos liberando a personas que no están preparadas para vivir en sociedad. Y hay falta de voluntad para desarrollar un protocolo en contra de las agresiones en las prisiones. Tratar de reducir esa lacra, pese a que el riesgo cero no exista", ha añadido.
Autoridad y pistolas eléctricas
Ambos dirigentes sindicales han coincidido en la necesidad urgente de que se legisle para que los funcionarios de prisiones sean considerados como agentes de la autoridad, un estatus que no tienen en estos momentos y que agravaría el hecho de ser agredidos por los presos, lo que haría que algunos de ellos se pensasen dos veces si llevar a cabo esas agresiones o, incluso, frenaría parte de estos actos porque las repercusiones posteriores serían mucho más duras.
"Lo increíble es que no seamos todavía agentes de la autoridad. En un centro penitenciario se reduce presos, se hacen partes que van a la autoridad judicial… Los partidos políticos en la oposición siempre dicen que van a solucionar los problemas y cuando llegan al Gobierno no hacen nada. Pasa con todos los partidos. El tema de la autoridad debe solucionarse de forma urgente esta legislatura", ha asegurado el responsable de ACAIP-UGT.
"Lo de agente de la autoridad es una prioridad para nuestro objetivo. No tiene sentido que vayas al colegio de tus hijos y el profesor sea autoridad y luego vayas a trabajar a una cárcel y no seas autoridad", ha añadido el responsable de CSIF Prisiones.
Ambos han convenido asimismo en la necesidad de mejorar los protocolos relativos a los medios coercitivos que se usan actualmente en las prisiones y cuya legislación fue redactada en los años ochenta. En esa actualización piden que se puedan emplear pistolas eléctricas o taser, similares a las que se están empezando a distribuir entre los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
"Pedimos poder utilizar taser, creemos que serían efectivos en muchas circunstancias y darían más seguridad a los funcionarios de prisiones y a los propios presos. Habría que redactar un protocolo muy claro de actuación, siempre supervisado, pero podría evitar lesiones a los trabajadores y a los internos", ha expuesto Vilas.
"El tema de las pistolas taser es una situación que se habla desde hace tiempo. Los trabajadores tenemos unos medios coercitivos establecidos: defensas de goma, escudos, cascos, sprays… Ahora mismo no se utilizan los sprays por los supuestos efectos secundarios, la administración no es capaz de encontrarlos que cumplan con las normas. Y tenemos un traje de Madelman que tardas 20 minutos en ponerte, por lo que muchas veces no llegas a tiempo. Necesitamos que se mejoren los medios coercitivos", ha concluido López.