Los sindicatos de Correos se han cansado del habitual ir y venir de noticias relacionadas con cartas con balas o cartas con material pirotécnico dirigidas al Gobierno u otras entidades. El resumen de su queja es lógico: si esa balas o cartas trampa son tan peligrosas como se denuncia por parte del Gobierno, significa que ese peligro ha deambulado por las instalaciones de Correos poniendo en similar peligro la vida de los empleados de una empresa que casualmente preside el que fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez. Y, por ello, apuntan a él como responsable de poner ya, de una vez, los sistemas de seguridad que eviten que estas cartas circulen por Correos como si no pasara nada. Nada, hasta que son utilizadas políticamente.
La carta ha sido dirigida personalmente al presidente de Correos, Juan Manuel Serrano. El mismo que fuera mano derecha absoluta de Pedro Sánchez como jefe de gabinete y que sigue siendo uno de sus mayores amigos. La carta la firman los responsables del sector postal de CCOO y UGT y señalan que el pasado "30 de noviembre, tuvimos conocimiento por la prensa de la recepción de paquetes conteniendo artefactos explosivos, en la Embajada de Ucrania en Madrid, y en las oficinas de una empresa en Zaragoza", y después "se ha vuelto a detectar un tercer envío en la base militar de Torrejón de Ardoz". El texto añade que, "como sabrá, en el caso del primer envío localizado en Madrid, este incluso ha llegado a explotar causando heridas a un empleado de la Embajada, y desde la Delegación del Gobierno se ha informado que "la carta llegó por correo ordinario del cartero habitual".
Por ello, "CCOO y UGT quieren trasladarle su condena y rechazo, sin paliativos, a estas acciones perpetradas con intención terrorista, que ponen en riesgo la convivencia y la vida de las personas, mucho más cuando para hacerlo se utiliza el servicio público que desde Correos prestamos a la sociedad". Pero, añaden los sindicatos, "como comprenderá, y recordando los episodios vividos en Correos en la primavera de 2022, en el que llegaron a circular por nuestra red postal envíos amenazantes conteniendo munición o navajas destinados a personalidades políticas, no podemos dejar de solicitar que se nos traslade toda la información disponible sobre este nuevo caso, que entendemos es incluso más grave, ya que estos envíos, además de representar un riesgo real para la seguridad y la vida de los destinatarios de los mismos, también representan el mismo riesgo para los trabajadores y trabajadoras de Correos que tienen que manipularlos".
La frase hace alusión a las cartas con balas o con una navaja que no dejaron de exhibir en plena campaña electoral Pablo Iglesias y Reyes Maroto. "De igual manera, solicitamos información sobre las medidas de seguridad adicionales que se hayan adoptado, para localizar la existencia de otros envíos similares que puedan haber sido enviados y no haber sido localizados", reclaman los representantes de los trabajadores de Correos.
Y añaden: "Le recordamos que en 2022 se nos afirmó que, aunque los escáneres en los centros de tratamiento apenas llegan a comprobar un pequeño porcentaje de los millones de envíos que admitimos a diario, "el 100% de los envíos sospechosos o de más de 100 gramos se escaneaban", por lo que se insistió en negar la existencia de una brecha de seguridad".
Es más, "en aquel momento también denunciamos que en los centros de trabajo de la filial Correos Express no se disponía de sistema detector de envíos peligrosos, y a fecha de hoy, estos centros de trabajo son en su mayoría propiedad de la empresa matriz, y siguen sin disponer de sistema de seguridad alguno, como se denunció en la pasada reunión de la CESL del 15 de noviembre".
El hecho es que, "más de un año después de aquellos sucesos, tras revisarse el ya obsoleto Protocolo de Seguridad de 2009, y siendo conscientes de que es imposible prever o evitar totalmente las aviesas intenciones de los criminales que promueven este tipo de actuaciones terroristas, también lo somos de que hay que poner todos los medios para evitar cualquier brecha de sequridad que pongan en riesgo la vida de los miles de trabajadores y trabajadoras en la cadena de admisión, tratamiento y reparto, así como de los ciudadanos y ciudadanas a las que prestamos el servicio público postal", subrayan desde los sindicatos. Y concluye el texto: "Por eso reiteramos que se nos facilite, de inmediato, toda la información que requerimos, que la empresa está legalmente obligada a facilitarnos y que, cuanto antes, se tomen las medidas necesarias para lograr el riesgo cero en la seguridad de la plantilla y la ciudadanía".