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El TC quiere "blanquear" a Sánchez antes de las elecciones: ley de la eutanasia, ley Celaá y abuso del decreto ley

Fuentes del TC consultadas por LD afirman que "el tribunal de Conde-Pumpido quiere avalar en las próximas semanas las leyes polémicas de Sánchez".

Fuentes del TC consultadas por LD afirman que "el tribunal de Conde-Pumpido quiere avalar en las próximas semanas las leyes polémicas de Sánchez".
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido quiere "blanquear" al presidente del Gobierno Pedro Sánchez antes de las próximas elecciones locales y autonómicas del mes de mayo.

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital afirman que "el Tribunal de Garantías pretende avalar en las próximas semanas todas las leyes polémicas de Sánchez con el objetivo de blanquear su actividad legislativa antes de los comicios. Todo ello, tras los varapalos que el Constitucional dio al Ejecutivo de PSOE y Podemos antes de la llegada a la Presidencia de Conde-Pumpido, como por ejemplo con los decretos sobre el estado de alarma durante la pandemia de la covid-19".

"El TC de Conde-Pumpido pretende avalar la constitucionalidad de la ley de la eutanasia, de la ley de Educación-Lomloe (la ley Celaá), así como quiere respaldar la legalidad del abuso de decretos ley (decretazos) por parte del Gobierno de Sánchez", añaden.

El ponente de la ley de la eutanasia es el magistrado izquierdista Ramón Sáez, que remitió esta semana al resto de magistrados las líneas maestras de su propuesta de sentencia en la cual "no se aprecia ninguna tacha de inconstitucionalidad" de la norma. Por este motivo, se da por hecho que en el próximo Pleno del TC del 21 marzo la ley de la eutanasia será avalada en su totalidad gracias a la mayoría izquierdista del tribunal.

Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que con "Conde-Pumpido en la Presidencia del TC no hay ninguna posibilidad de negociar o llegar a un acuerdo o consenso entre el bloque izquierdista mayoritario de 7 magistrados y el minoritario conservador de 4. El bloque izquierdista es monolítico, cierra filas, actúa como un ejército y va a aprobar todas las sentencias que considere sin contemplaciones".

"Cuando el tribunal estuvo presidido por los magistrados conservadores Juan José González Rivas y en última instancia por Pedro González-Trevijano, siempre se ofrecía una posibilidad de negociar y llegar a un acuerdo con el bloque izquierdista. Con la llegada de Conde-Pumpido, esta posibilidad ha desaparecido", concluyen.

Tal y como publicó este diario, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, rechazó recientemente una oferta de Conde-Pumpido pata mantener una relación bilateral. El jefe de la oposición recibió la propuesta del presidente del TC a través del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que actuó de ‘mediador’ tras coincidir con Conde-Pumpido en un encuentro de gallegos ilustres.

Desde el PP fundamentaron el rechazo de Feijóo a la oferta de Conde-Pumpido en que "el Tribunal Constitucional debe ser independiente y su presidente no debe mantener ningún tipo de relación bilateral con el líder de la oposición, sólo una relación puramente institucional. Aquí no tienen que existir cuartos oscuros, sino luz y taquígrafos, y la relación de Conde-Pumpido con el PP sólo se debe establecer a través de los recursos de inconstitucionalidad que se presenten en el Tribunal de Garantías".

La polémica ley de la eutanasia de Sánchez

La eutanasia, regulada en el año 2021 a instancias del Gobierno de Pedro Sánchez, pueden solicitarla las personas que sufran "una enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que afecte a la autonomía y que genere un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable". El paciente podrá recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla, tras ser informado de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos disponibles y después de confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo de todo el proceso.

Una comisión de garantía y evaluación, compuesta por personal médico, de enfermería y juristas, supervisa cada caso y es responsable en última instancia de autorizarlo. Vox impugnó la norma por infringir el derecho a la vida al manifestar que se trata de un derecho fundamental que el Estado debe proteger, como lo es también su deber de ofrecer cuidados paliativos a los que sufren.

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