Vox denuncia en su recurso de inconstitucionalidad que la Ley Trans elaborada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero "supone abrir la puerta al fraude respaldado legalmente".
La formación de Santiago Abascal presenta este miércoles ante el Tribunal Constitucional el citado recurso, que se convertirá en el número 47 del partido. El texto plantea la inconstitucionalidad de la Ley Trans en su conjunto al considerar que se infringe el principio de seguridad jurídica y de legalidad penal, el derecho a la igualdad, la libertad de pensamiento o ideológica, la libertad de catedra, la libertad de expresión como garantía institucional de otros derechos, la libertad empresa, los derechos de los padres, las familias y los centros educativos a la educación así como la especial protección que los niños y las madres tienen reconocida en la Constitución y en convenios internacionales.
Según el recurso de Vox, al que ha tenido acceso Libertad Digital, "el alcance sancionador de un principio de autodeterminación sensitiva e interna de lo sexual, se produce de nuevo una flagrante infracción del principio de seguridad jurídica y de legalidad penal ya que existe una evidente falta de predeterminación de las circunstancias determinantes de la identidad, de lo sexual, y del acto discriminatorio directo o indirecto".
"La imprecisión legal fomenta la arbitrariedad de los poderes públicos o de los sujetos individuales y el texto legal que aquí denunciamos pervierte la previsibilidad de las relaciones sociales y jurídicas y sus consecuencias, haciéndolas depender de un sentimiento que se vive individual e internamente, sin expresión externa o exteriorizada que asegure un mínimo de objetividad y certeza", añade.
"La definición de identidad sexual", continúa, "infringe el principio de seguridad jurídica y de legalidad penal dando como resultado una evidente arbitrariedad en su eventual aplicación por los poderes públicos; de tal forma que debe ser declarado inconstitucional y, con ello, todas las referencias expresas al concepto de identidad sexual en el texto legal.
"Al prescindir la Ley 4/2023 de la participación de los padres de hijos/as intersexuales en una cuestión de tanta trascendencia como es la de la extirpación o modificación del aparato genital de estos, no solo se les está impidiendo a esos padres ejercer su derecho/deber de guiar y aconsejar y acompañar a sus hijos/as menores de edad, sino también a estos/as de recibir dicha ayuda y asistencia, por lo que se estaría vulnerando la Convención sobre los Derechos del Niño y, con ella, el artículo 10.2 CE y el artículo 39.3 CE; pues es evidente que el texto legal desapodera y expolia a los padres el derecho y responsabilidad que les incumbe de proporcionar las condiciones de vida para el desarrollo físico del menor, su hijo; desarrollo físico que se verá gravemente afectado, cuando no cercenado, detenido, subvertido o deformado", destaca el recurso.
Según el escrito, "no corresponde a los materiales escolares adoctrinar a los niños -el precepto habla de todos los niveles y edades. No corresponde al Gobierno exigir e imponer el conocimiento y respeto de contenidos doctrinales relativos al contenido ideológico que informa la presente Ley. La corrección moral de los actos sexuales, su idoneidad material o temporal dentro de y para el desarrollo de la personalidad de los menores es algo que no corresponde determinar ni a los profesores, ni a los editores, ni al Gobierno, sino a los padres".
Vox destaca que esta Ley "es fruto del impulso de una determinada mayoría parlamentaria sustentada en una doctrina ideológica concreta denominada ‘ideología de género, que ha impuesto su personal concepción del ser humano y de la sexualidad, prescindiendo de las realidades biológicas, anatómicas, fisiológicas, reproductivas, cromosómicas o psicológicas".
"Contrario a la razón más elemental y a cualquier lógica jurídica"
El recurso de Vox apunta además que "no se puede ignorar que el hecho de transitar de un sexo a otro no solo tiene consecuencias jurídicas para el propio interesado -las puramente personales y relativas a su propia intimidad- sino también para terceros, especialmente si el sexo al que se transita se ve promocionado por determinadas medidas de discriminación positiva que dependen únicamente de la condición sexual registrada. Por lo tanto, permitir el cambio registral de sexo de una persona sin realizar acreditación alguna (bien médica o psicológica, bien social o al menos apariencial) supone abrir la puerta al fraude respaldado legalmente -hay quien le llamaría una economía de opción-, poniendo en riesgo derechos fundamentales de otros sujetos directamente afectados".
"El hecho de atribuir a las personas que cambian registralmente de sexo por su mera declaración, sin ningún requisito o exigencia adicional, el estatus jurídico propio del nuevo sexo, vulnera el art. 14 CE. Carece completamente de sentido, y es contrario a la razón más elemental y a cualquier lógica jurídica, el que una persona pueda acceder de un día para otro a toda una serie de ventajas jurídicas, sociales y económicas (por ejemplo, obtener un puesto reservada a la cuota para mujeres), por el simple hecho de haber cambiado su sexo de hombre a mujer en el Registro, sin que se le exija ningún requisito más, ni siquiera el cambio de nombre", concluye.
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