La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), asociación profesional que representa a las escalas de oficiales en el Consejo de la Guardia Civil, anunció este pasado fin de semana que había presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para intentar bloquear la salida de la Benemérita de Navarra. Ahora es JUCIL, la asociación mayoritaria de los guardias la que se suma a esta batalla en el Alto Tribunal para frenar el acuerdo entre el PSOE y Bildu.
La retirada de las competencias de Tráfico de la Guardia Civil forma parte de uno más de los pactos entre el PSOE y Bildu y las asociaciones de la Guardia Civil han decidido dar la batalla para evitar el triunfo de los proetarras. La asociación profesional JUCIL ha presentado ya su recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo en el que precisa que el método que usa el Decreto Ley sólo es aplicable para aquellas competencias que previamente se han asumido y, en este caso, habría que modificar de forma previa el estatuto de autonomía de Navarra, la Ley de Amejoramiento del Fuero.
JUCIL solicita igualmente al Alto Tribunal la suspensión cautelar del decreto por los "graves e irreparables daños" que podría provocar su aplicación para los guardias civiles afectados y para sus familias como consecuencia de la precipitación con la que se ha tomado la decisión.
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, solicita, en consecuencia, la nulidad del Real Decreto de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado 7 de abril de 2023. Esta norma ha traspasado las funciones de Tráfico al Gobierno Foral de Navarra y su aplicación afecta directa a los 220 guardias civiles que componen la Agrupación de Tráfico en esta comunidad, "ya que las tareas de control de la circulación rodada pasan a la Policía Foral, por lo que deberán ser reubicados en otros servicios en el territorio navarro o desplazarse a otras comunidades, con los perjuicios e inconvenientes que supone para familias asentadas en esta tierra o naturales de la misma", señala JUCIL.
Por ello, la asociación, "en cumplimiento del acuerdo que adoptó su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), se ve obligada a acudir al cauce contencioso-administrativo para recurrir el Real Decreto 252/2023, de 4 de abril, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor" ha manifestado el secretario de Comunicación de la asociación, Agustín Leal.
JUCIL, a través de su servicio jurídico y una vez analizado el texto del Real Decreto, así como el del acuerdo del Pleno de la Junta de transferencias Administración del Estado-Comunidad Foral de Navarra "que le precedió considera que el procedimiento utilizado para la transferencia de estas competencias no es ajustado a Derecho por ser exigible para ello la modificación previa de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, es decir, del Estatuto de Autonomía, tal y como diferentes expertos en la materia sostienen".
Leal añade que "la precipitación con la que se ha querido llevar a cabo la transferencia, por motivos claramente políticos, era incompatible con los tiempos y trámites parlamentarios necesarios, por lo que se ha optado por utilizar una fórmula que está prevista para la materialización del traspaso de competencias que ya han sido previamente asumidas, lo que no es el caso. La consecuencia legal es la nulidad del Real Decreto y, por lo tanto, del traspaso de las competencias en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor".
La asociación profesional solicita además que, ante el impacto en la vida de muchas personas que podría tener la aplicación de este traspaso de competencias recurrido, y hasta que el Tribunal Supremo tome una decisión sobre el recurso de nulidad, se proceda a la suspensión cautelar de su aplicación "a la vista de los graves e irreparables perjuicios que el traspaso de la competencia puede generar, tanto a los guardias civiles afectados y sus familias, como a las propias Administraciones estatal y autonómica, de ser ejecutado y obtenerse una Sentencia favorable" reclama el recurso elevado al Alto Tribunal.