La bandera de España ha sido uno de los símbolos más vilipendiados y maltratados por una parte de la clase política española. Los partidos nacionalistas han tratado de ocultarla y apartarla allí donde gobiernan para trasladar la sensación de que esas partes del territorio nacional no eran España. Los partidos constitucionalistas, por muy paradójico que parezca, no siempre han hecho lo necesario para proteger un símbolo que representa a todos los españoles.
Un hombre cambió la situación a principios de este siglo. Desde un despacho en la Subdelegación del Gobierno en Álava exigió el cumplimiento de la Ley de Banderas. Llenó los tribunales de recursos administrativos y consiguió lo impensable, que instituciones como el Parlamento vasco, las Juntas Generales de Guipúzcoa, la Academia de la Ertzaintza o varios ayuntamientos del País Vasco tuvieran que izar la bandera de España, con el consiguiente disgusto para peneuvistas y batasunos.
Ese hombre fue César Velasco Arsuega. Ex subdelegado del Gobierno en Álava entre 1999 y 2004 y exjefe de la Policía Local de Logroño, hizo un trabajado en defensa de los símbolos nacionales que ha sido poco conocido por el público en general. Falleció en 2017 en el Teide, en Tenerife, y dejó, en parte, huérfana a la bandera de España, que sigue desaparecida todavía hoy en instituciones de regiones donde el nacionalismo es mayoritario o aparentemente mayoritario.
Sin embargo, en las últimas fechas, la enseña nacional vuelve a tener quién la defienda. Se trata de la Asociación Nacional César Velasco, que trata de continuar el trabajo del que fuera subdelegado del Gobierno en Álava. Un lucha para preservar ese legado que lidera la viuda de Velasco, Begoña Conde Álvarez, quien fuera asesora del grupo parlamentario del PP en el Parlamento vasco durante casi dos décadas.
De momento, han interpuesto 38 requerimientos, en los que se advierte a ese número de municipios que tienen la obligación de cumplir con la Ley de Banderas, colocando la enseña nacional en sus instituciones. En el mismo se les da un determinado plazo para que reviertan el incumplimiento de la legalidad vigente o, de no hacerlo, se les avisa de que serán llevados a los tribunales para que sean éstos los que les obliguen a cumplir la ley.
La gran mayoría de estos escritos, 33, han sido enviados a municipios de Cataluña. Exactamente, se trata de los de Tivissa, Vinyols i els Arcs, Valls, Riudoms, Parets del Vallès, Montblanc, Riera de Gaia, Falset, El Morell, El Catllar, Alcover, Altafulla y Torrelameu en la provincia de Tarragona; además de los de Vilanova de Segria, Sant Martí de Riucorp, Organyá, Balaguer, Alpicat, Sort, Rialp, Les Avellanes, El Pont de Suert, Benavent de Segrià, Algerri, Albesa, Agramunt, Alcano, Alcotetge, Bellpuig, La Portella, Seros, Vallbona de les Monges y La Seo de Urgel en Lérida.
Los otros cinco escritos se han dirigido a consistorios de otras comunidades autónomas. Cuatro a Galicia (Santiago, Porto de Son y Zas en La Coruña; Porriño en Pontevedra) y uno a las Islas Baleares (Esporles). Además, están en proceso otros tantos que se presentarán al delegado del Gobierno en Cataluña, así como a los subdelegados de las cuatro provincias catalanas para que hagan cumplir la ley.
Unos requerimientos que ya han provocado los primeros casos de éxito. Las banderas de España ya ondean en los consistorios de Porriño (Pontevedra) y San Martí de Riucorb (Lérida), aunque para este último caso fue necesario que los responsables del consistorio vieran cómo la asociación no iba de farol y les llevaba a los tribunales, tal y como habían advertido en el requerimiento que les habían mandado.
Otras cinco demandas están interpuestas ahora mismo ante la justicia por no cumplir con el plazo establecido en los escritos de la Asociación Nacional César Velasco: Xunta de Galicia (pendiente de señalar fecha para el juicio), ayuntamiento de Balaguer (admitida a trámite), Vilanova Segriá (admitida a trámite), ayuntamiento de Organya (admitida a trámite) y ayuntamiento de la Seo de Urgel (demanda presentada).