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El informe de Seguridad Nacional 2022: yihadismo, espías rusos, vulnerabilidad energética… pero ni rastro de Pegasus

El documento alerta de la creciente desestabilización del Sahel o del aumento del espionaje extranjero por la presidencia española de la UE.

Militares españoles en Mali. | EMAD

El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) es un organismo de asesoramiento creado hace algo más de una década en el Palacio de la Moncloa para aconsejar, recomendar y advertir de posibles amenazas al presidente del Gobierno sobre cuestiones relacionadas directamente con la Seguridad Nacional de nuestro país. Una estructura que asume funciones de Secretaría Técnica y que está en funcionamiento permanente.

Uno de sus trabajos más relevantes, por lo menos, públicamente, es la elaboración de un informe anual, en el que se realiza un diagnóstico integral de los riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional del país y en el que se recogen hechos reseñables del último año y algunas proyecciones sobre cómo pueden afectar en el futuro a nuestro país. Un documento que, con análisis de lo acontecido en 2022, se ha hecho público durante esta semana.

El informe de este año habla de la tensión estratégica y regional provocada principalmente por la invasión rusa de Ucrania, de las campañas orquestadas de desinformación, de la amenaza del terrorismo yihadista, de la vulnerabilidad energética, de los flujos migratorios irregulares, de la vulnerabilidad marítima o aeroespacial, del crimen organizado, de la inestabilidad económica, del espionaje e injerencia de países extranjeros o de la vulnerabilidad del ciberespacio.

Lo llamativo, eso sí, es la ausencia en sus casi 250 páginas del que seguramente fue uno de los casos de crisis de seguridad más importante que hubo en 2022. Se trata, ni más ni menos, que del espionaje con el software espía Pegasus de los terminales móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de la ministra de Defensa, Margarita Robles o de la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Una vulneración de teléfonos móviles del Consejo de Ministros que desató un enfrentamiento entre el Ministerio de Presidencia, con Félix Bolaños al mando, y el Ministerio de Defensa, con el CNI en su estructura, por bien quién asumía la responsabilidad. Una crisis que acabó con la destitución de la que en ese momento era la secretaria de Estado-Directora del CNI, Paz Esteban. Un hecho que no aparece por ningún lado, aunque también es cierto que se conoció en 2022 pero ocurrió en 2021.

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Espionaje e injerencia desde el exterior. El análisis en este apartado es claro. Dice que, "en un contexto de creciente competitividad geoestratégica, la actividad de los Servicios de Inteligencia hostiles se mantiene como una seria amenaza". "La invasión rusa de Ucrania y la estrategia política de algunos países han influido sobre los objetivos y la agresividad de los Servicios, que han visto incrementadas sus necesidades de información", añade.

Se ha detectado un aumento de la actividad de servicios de inteligencia extranjeros en nuestro país a causa de la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid de 2022 y se prevé que la presidencia española de la UE, que tendrá lugar en el segundo semestre de este año 2023, genere un aumento de actividad similar. Se destaca, además, que la expulsión de 27 diplomáticos rusos ha podido mermar la capacidad de inteligencia de este país en España.

Por último, alerta de los cambios de fachada que pueden tener los espías extranjeros: "Puede considerarse significativo el incremento del uso de coberturas menos tradicionales que les permitan acceso a ámbitos como el científico, el académico y el tecnológico, por lo que entre los futuros retos debe estar el de sensibilizar al respecto de estos riesgos al personal que trabaja en empresas del ramo, ya sean estas públicas o privadas".

Terrorismo nacional e internacional. El informe asegura que el yihadismo es el principal amenaza terrorista a la que se tiene que enfrentar nuestro país: "El terrorismo yihadista es una amenaza prioritaria, por su capacidad desestabilizadora en amplias zonas del mundo, algunas de gran interés para España, y por la posibilidad de que se perpetren acciones terroristas en territorio español o contra intereses españoles".

Se cifra en 273 el número de yihadistas que han abandonado España en los últimos años para unirse a grupos como Estado Islámico o las diferentes facciones de Al Qaeda en Oriente Medio y África. De ellos, 102 figuran como fallecidos, 98 continúan en las zonas de conflicto a las que partieron (Irak y Siria, principalmente) y 63 han retornado a suelo europeo. De estos últimos, una docena están en libertad en España y 28 en otros países europeos.

Dice también que la amenaza que representan ETA, Resistencia Gallega o el GRAPO "es residual, ya que la eficaz labor policial, judicial y del CNI ha propiciado la práctica desarticulación policial de todas ellas". Pese a esto, recuerda que todavía hay "consecuencias" de la actividad criminal de ETA, como "numerosos atentados sin esclarecer", terroristas huidos fuera del país o depósitos de armas pendientes de localizar.

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Tensión estratégica y regional. Rusia y su invasión de Ucrania centran gran parte de este epígrafe. Se analiza las consecuencias de la agresión militar a Ucrania, la unidad de acción de la OTAN y la Unión Europea, el giro estratégico de Suecia y Finlandia pidiendo su ingreso en la Alianza tras décadas de neutralidad, el posible intento ruso de anexión de otros territorios como Abjasia u Osetia del Sur y la influencia que ha tenido la guerra en el mercado mundial del grano.

La desestabilización del Sahel, un área que es trascendental para España, pues es el único país de Europa que tiene parte de su territorio soberano en África, también es analizado en profundidad, así como el papel protagonista que determinados grupos terroristas yihadistas, Rusia y China están teniendo en la zona. Un papel destacado que no está ayudando, precisamente, a que encuentran la estabilidad que les permita crecer y generar riqueza como países.

Campañas de desinformación. Es un elemento que se consolida en el informe después de que en 2021 entrase por primera vez como un elemento a controlar en la Estrategia de Seguridad Nacional. "Se trata de un fenómeno cada vez más prevalente que representa un riesgo para la seguridad de los Estados democráticos y de derecho, en especial en contextos concretos y delicados, como por ejemplo durante procesos electorales", dice el documento.

Alerta, además, de la actuación de Rusia. "En el contexto concreto de la invasión rusa de Ucrania, la desinformación promovida por agentes extranjeros, en este caso el Kremlin, es una estrategia híbrida más desplegada como parte del conflicto bélico. Las campañas desinformativas rusas detectadas persiguen el debilitamiento del adversario, y de la UE y Occidente en general", destaca el informe.

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Vulnerabilidad energética. La difícil situación de España en lo que a la adquisición de energía se refiere es algo que lleva ganando importancia en el informe de Seguridad Nacional desde el año 2013. En el primer informe apenas era una epígrafe dentro de un punto. Ahora, nueve años después, es el apartado específico más amplio y está desarrollado en una veintena de páginas. La invasión rusa de Ucrania ha multiplicado su importancia.

El acceso a la energía es clave para cualquier país y por ello el CNI hace "un análisis estratégico de los riesgos existentes para la seguridad y continuidad del suministro", además de investigar qué nuevos accionistas entran en las empresas energéticas. "Realiza un seguimiento de la entrada de actores de relevancia en la estructura accionarial de las empresas estratégicas y de las políticas que pretenden introducir en sus planes de negocios", dice sobre el servicio secreto español.

Inmigración irregular. El informe destaca la disminución de la entrada de inmigrantes ilegales en España en 2022, que cifra en 31.219 personas. Las llegadas por vía marítima disminuyeron un 29,6 por ciento (de 41.085 en 2021 a 28.930 en 2022), mientras que las terrestres vía Ceuta y Melilla aumentaron un 24 por ciento (fueron 2.289 en 2022). La presión migratoria provino principalmente de Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal, así como de los países interiores del Sahel.

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