Unas elecciones más en Melilla, un nuevo escándalo asociado al voto por correo. El próximo 28-M, algo más de 60.000 melillenses están llamadas a las urnas para elegir con su voto a los que durante los próximos cuatro años tendrán que regir la ciudad autónoma. Pero, como viene siendo habitual desde hace años, cada vez que se inicia un proceso electoral salta un nuevo escándalo relacionado con la compra-venta de votos.
El Gobierno está intentando controlar la situación para garantizar que los comicios sean lo más limpios posible, porque los movimientos para comprar voluntades ya han empezado. Primero fue el asalto a varios trabajadores de Correos que repartían el voto por correo para arrebatarles los documentos de este tipo de sufragios. Siempre, desde hace demasiados años, el hombre que va ofreciendo en voz baja hasta 100 euros por cada voto por correo, según explican fuentes policiales.
El sistema es muy fácil. Cualquier ciudadano tienen derecho a ejercer su derecho a voto y, además, puede autorizar que sea otra persona la que lo deposite en su nombre en la oficina de Correos. De este modo, se paga al ciudadano el dinero convenido y éste entrega al comprador su voto por correo vacío, para que el manipulador electoral puede introducir la papeleta del partido que le interesa y entregarlo en la oficina postal.
El sistema tiene varios peldaños. El más alto está en los despachos de los dirigentes políticos que inician el proceso de compra de votos por correos. De ahí va a sus facilitadores de cuello blanco, personas que en apariencia son respetables ciudadanos, pero que tienen contactos estrechos en los bajos fondos. Luego ya entran en escena los mafiosillos locales y, abajo del sistema, los mangantes que asaltan empleados de Correos o que susurran la compra de votos por la ciudad.
La Delegación del Gobierno en Melilla ha diseñado un dispositivo especial para tratar de acabar con esta situación. La primera medida ha sido poner a agentes de la Policía Nacional en el interior y en el exterior de la oficina de Correos. Que estén también en el interior es una de las novedades de este año. En elecciones anteriores hubo escenas dantescas relacionadas con la compra-venta de votos en la propia oficina de Correos, algunas de las cuales acabaron en las redes sociales.
La segunda medida, debido a los asaltos producidos en las últimas semanas, es que el personal de Correos que reparte el voto por correo va a ir acompañado en todo momento por personal de las Fuerzas de Seguridad. Una misión que se reparten entre efectivos de la Policía Local de Melilla, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Ningún trabajador de Correos va a repartir un solo voto por correo sin que un agente le proteja.
La tercera medida ha sido un refuerzo del despliegue de la Guardia Civil tanto en el puerto como en el aeropuerto de Melilla. El objetivo es que nadie abandone la ciudad con un número no justificado de votos por correo, o unos votos por correos de personas con las que no pueda demostrar que tiene una relación suficientemente cercana. Se trata de impedir que los compradores de votos saquen los sufragios adquiridos para depositarlos en oficinas de Correos de la península.
Las acusaciones de compra de votos han señalado en los últimos años a prácticamente todos los partidos políticos, aunque judicialmente solo hay dos partidos que hayan sido condenados. Se trata de Coalición por Melilla (dirigido a la comunidad islámica de la ciudad autónoma) y del PSOE. Ambos fueron juntos en las elecciones generales de 2008 (que ganó el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero) para el Senado.
El Tribunal Supremo ratificó en 2021 la condena de la Audiencia Provincial de Málaga de 2018 contra buena parte de la cúpula de ambos partidos por la compra de votos. Fueron condenados Mustafá Aberchán (líder de CpM) y Dionisio Muñoz Pérez (ex secretario general del PSOE en la ciudad). Junto a ellos, otra quincena de altos cargos de ambos partidos por haber participado en la compra-venta de sufragios por correo.