Poco a poco, píldora a píldora, Pedro Sánchez va modificando su propia doctrina sobre lo que fue el procés —una rebelión— y sobre que había que traer al fugado Carles Puigdemont a España para juzgarlo. Un giro con el que va preparando a la sociedad para el trágala de la amnistía una vez que se celebre la investidura de Núñez Feijóo. Y lo hace con tal desfachatez y descaro que lo mismo echa en cara al PP que fue a ellos a quienes les montaron una rebelión y se les escapó el líder de esa rebelión escondido en un maletero, como que dice que, en realidad, nada de eso es un delito, y que una crisis política tiene que ser resuelta por la política, nunca por la justicia. Si nada fue un delito ¿por qué echa en cara al PP la no comisión de un delito y la huida del líder que no cometió ningún delito? Un despropósito total, imposible de defender, salvo que te llames Pedro Sánchez.
Ahora, el presidente del Gobierno ha aprovechado un viaje oficial a la ONU para decir que "una crisis política nunca debió derivar en una acción judicial".
Es más: dijo que él siempre había defendido esa postura y que le trasladó su malestar a Mariano Rajoy cuando el entonces fiscal general, José Manuel Maza, puso en marcha el procedimiento judicial con una querella contra dirigentes del procés. Con esa concepción de la Fiscalía obediente al poder político, Sánchez transmitió a Rajoy su disconformidad "porque no habían sido consultados" cuando "el PSOE apoyó al PP en esa crisis constitucional" que había provocado el independentismo. Según el relato que intenta vender ahora, lo que él y su partido han hecho siempre, durante "todos estos años, con enorme esfuerzo y absoluta incomprensión de aquellos que gobernaban España cuando se produjo esta crisis constitucional ha sido tratar de devolver a la política lo que nunca tuvo que salir de la política". El expresidente Rajoy ha tardado sólo unas horas en desmentir una vez más a Sánchez, acusándole de mentir, también en esto.
En realidad todos, incluido Sánchez, sabemos que no ha sido así. Pedro Sánchez no sólo vuelve a mentir —o cambiar de opinión—, sino que contradice de forma flagrante su propia doctrina desde 2017 —cuando apoyó en el Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución a Cataluña, que llevó a destituir el Gobierno de la Generalidad y disolver el Parlament— y mantenida hasta las elecciones del 23-J de 2023. Pedro Sánchez lo que hace es volver a convertir su necesidad particular en interés general. Lo que en realidad está haciendo es preparar, de forma muy poco disimulada, la amnistía que exige Puigdemont como pago para dar sus votos en la investidura. Interés privado —la investidura que le permita continuar en Moncloa— convertido por arte de birlibirloque en interés general: la convivencia entre españoles.
La vergonzosa hemeroteca de Sánchez
Recorrer la hemeroteca y la videoteca del presidente del gobierno es algo que produce una profunda vergüenza, aunque es un ejercicio de Memoria Democrática —esta sí— que conviene hacer. Unos pocos ejemplos son más que suficientes para evidenciar que Sánchez miente ahora, como mintió antes en tantas otras promesas. Pero hay muchos más. En realidad, va a mentir siempre que lo necesite para llegar o para mantenerse en el poder.
En mayo de 2018, en el programa Espejo Público de Antena 3, dijo que "lo que pasó el 6 y el 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña fue un delito de rebelión". Y ante la repregunta de Susanna Griso recalcó que "creo que lógicamente lo es" (un delito de rebelión).
En 2019, durante un debate electoral, reclamaba que "la justicia española se cumpliese tanto dentro como fuera de nuestras fronteras" y le echó en cara al entonces líder del PP, Pablo Casado, que se les había escapado Puigdemont. "A ustedes, señor Casado, se les fugó Puigdemont, y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española". Y esto lo afirma con la misma solemnidad con la que dijo en la ONU que él siempre había sostenido justo lo contrario: que nunca se tendría que haber llevado al plano judicial una crisis política.
Ese mismo año, en Twitter, ahora X, dijo: "Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la ley y del interés general".
Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 6, 2019
Esta red social está llena de mensajes en el mismo sentido, muy alejados de lo que ahora quiere vender como una política de Estado planificada que tiene por objetivo el bien común.
Puigdemont, si representa algo, es una de las peores hojas de la historia de Cataluña y ya va siendo hora de pasar página. #AsambleaAbiertaElche pic.twitter.com/A8T0INFu1A
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 20, 2018
Exigimos a la mayoría parlamentaria independentista que se emancipe del Sr. Puigdemont y aspire a gobernar para el conjunto de la sociedad catalana. Deben proponer un candidato viable, un candidato constitucional para una legislatura constitucional. Y Puigdemont no lo es. pic.twitter.com/8JuIkHqLPj
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 30, 2018
En septiembre de 2021, cuando aún no necesitaba a Junts para gobernar, Puigdemont fue detenido en Cerdeña por orden del Tribunal Supremo. En ese momento, el golpista catalán llevaba 1.525 días huido de la Justicia española. ¿Y qué dijo entonces el presidente del Gobierno? Que Puigdemont tenía "que comparecer y someterse ante la justicia". Lo hizo durante una visita a La Palma, afectada por la erupción del volcán Cumbre Vieja, mostrándose muy respetuoso con la actuación de la justicia italiana, que tenía que decidir si entregaba al expresidente catalán. "Cuando Puigdemont huyó de la acción de la justicia había otro Gobierno, este Gobierno siempre ha mantenido la misma posición. En primer lugar, respeto a todos los procedimientos judiciales que se abran en España, en Europa, en este caso en Italia. Y sin ninguna duda también respeto y acatamiento a las decisiones judiciales que se puedan tomar en este sentido en Italia". Es decir: vuelve a decir que Puigdemont había huido "de la acción de la justicia", que eso ocurrió cuando había otro Gobierno, y que lo que tiene que hacer el prófugo es comparecer y someterse a la Justicia española. Nada que ver con lo que dijo el miércoles en la ONU.
Por último, tres días antes de las elecciones generales del 23-J, Sánchez hizo gala en La Sexta de que su Gobierno no había concedido la amnistía a los golpistas catalanes ni la autodeterminación, que era lo que en realidad querían y de lo que se le acusaba. No es la primera vez que defendía públicamente que la amnistía no se podía y no se iba a conceder. Pero hacerlo justo antes de las elecciones generales, el 20 de julio, y cambiar de discurso nada más conocer que para seguir en Moncloa iba a depender de los de Junts sólo puede hacerlo alguien con muy poco apego a la verdad y con nulos escrúpulos. Tres días después de las elecciones generales, Sánchez decide aceptar una de las exigencias de Puigdemont.
Y vuelve a obrar el milagro al incluir a un supremacista de derechas en la mayoría progresista. Porque para Sánchez es automáticamente progresista el que le apoya a él.
¿Cómo se defiende el Estado de derecho?
Tras este breve repaso en la hemeroteca cabría preguntarle al presidente del Gobierno cómo habría que actuar o haber actuado en situaciones como el asalto al Capitolio en EEUU, acción emulada en 2023 por los partidarios de Bolsonaro invadiendo las sedes del Congreso Nacional, la Corte Suprema y el Palacio de Planalto; con el 23-F de 1982 y con la banda terrorista ETA.
¿Son conflictos políticos y, por lo tanto, no deben ser juzgados? ¿Cómo se defiende, entonces, un Estado de derecho de ataques al orden constitucional y a sus instituciones? ¿Cuál es la diferencia entre esos casos y el intento de golpe de Estado del procés contra el orden constitucional en 2017?
La única diferencia en realidad es la necesidad personal de Sánchez de asegurarse los 7 votos de Junts para lograr su investidura. Ante esa necesidad estrictamente personal, lo que hace Sánchez es revestirse de estadista, mentir —diciendo ahora que él siempre había defendido que no se debía judicializar un conflicto que era político—, y señalar que el objetivo de su Gobierno es el progreso y la convivencia. Y es en esta convivencia donde encuadra su magnanimidad con unos delincuentes que ni siquiera han sido juzgados por los mismos delitos por los que otros sí lo fueron con penas de prisión, hasta que a Sánchez le vino bien indultarlos.
Hay que reconocer la habilidad que tiene el presidente del Gobierno para disfrazar y convertir su interés personal en un interés general. Porque a esa desfachatez con la que miente, sin que se le mueva un sólo músculo de la cara, une el nuevo argumentario puesto en marcha por el Gobierno: que el 23-J la sociedad validó el camino de la pacificación de Cataluña basado en ceder todo lo que los golpista exijan, disfrazando de diálogo un chantaje inadmisible en un Estado democrático y de derecho. Ahora esas mentiras del presidente del Gobierno se dirigen claramente a la amnistía, dejando a los pies de los caballos al propio partido socialista, a jueces y tribunales y al jefe del Estado, el rey Felipe VI.