Al igual que la alcaldesa de Almería, el regidor de Medina del Campo, Guzmán Gómez, ha mostrado este miércoles su indignación por el realojo de 150 inmigrantes en el Hotel Balneario Palacio de las Salinas con "nocturnidad" y sin previo aviso. Se trata de un nutrido grupo de sin papeles -algunas fuentes elevan la cifra a 180- procedentes de Canarias y que forman parte del Programa de Atención Humanitaria que el Ministerio de Migraciones, dirigido por José Luis Escrivá, canaliza a través de distintas oenegés como Cruz Roja.
Todos ellos, varones, llegaron ayer a Barajas y fueron trasladados en autobús hasta la localidad vallisoletana, donde han sido alojados en uno de los balenarios más emblemáticos de España, que lleva seis meses cerrado por obras. Las imágenes de todos ellos entrando en las instalaciones han comenzado a circular por redes sociales y es así como el alcalde de Medina del Campo se ha enterado de la decisión del Gobierno, al que Gómez acusa de "deslealtad, descortesía y poca deferencia".
Según el regidor, la "solidaridad y generosidad" de los medinenses, así como del equipo de Gobierno está fuera de toda duda, puesto que siempre "han recibido a todos con los brazos abiertos, sobre todo a quienes más lo necesitan". Sin embargo, lamentan no haber sido informados previamente, algo lógico, insiste, teniendo en cuenta tanto la cantidad de inmigrantes llegados al municipio como el contexto en el que se produce este realojo.
"Nadie tenía conocimiento de esto y no costaba nada al menos hacer una llamada", ha subrayado en rueda de prensa visibilemente molesto. "Se desconoce si están identificados, en qué circunstancias sanitarias llegan, y en qué niveles de seguridad, porque lo hacen en plena alerta 4 antiterrorista", ha resumido.
Las denuncias de la Policía
Sus quejas se producen el mismo día en que el SUP y la AUGC han pedido al Ministerio del Interior medidas de protección tras detectar enfermedades contagiosas como la tuberculosis entre los inmigrantes que llegan a Canarias y después de que los principales sindicatos policiales denunciaran en Libertad Digital el "gran problema de seguridad" que plantea la falta de medios para identificar a los inmigrantes que llegan a Canarias antes de que se trasladen a cualquier otro punto de España o de Europa, puesto que una vez en la península es fácil perderles la pista.
"Es tal el volumen de llegadas que no se puede hacer una investigación y, como no podemos hacer una investigación, no sabemos si se nos puede colar algún terrorista", denuncia Marcos Santiago, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Canarias. "Lamentablemente, todo eso ahora mismo está en segundo plano", corrobora José Luis Gallardo, portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP) en Tenerife, al tiempo que, desde JUPOL, Ibón Domínguez advierte de que "no hay forma humana de saber quiénes son esas personas que entran, de dónde vienen o cuáles son sus antecedentes".
Camino de un nuevo récord
En las últimas semanas, la llegada de cayucos a Canarias ha sido una constante. Solo el fin de semana, el archipiélago recibió a más de 1.600 y hay islas que ya se encuentran completamente desbordadas. Es el caso de El Hierro, una pequeña isla de poco más de 10.000 habitantes que, desde principios de año, ya ha recibido más de 7.000 sin papeles.
El último balance oficial confirmaba la llegada de 23.537 inmigrantes hasta el pasado 15 de octubre, una cifra que superaba la registrada durante la crisis migratoria de 2020 y que ahora estaría a punto superar también también la de la crisis de los cayucos de 2006. Aquel año, Canarias recibió a un total de 31.678 ilegales y, tras la llegada de las últimas pateras, fuentes no oficiales apuntan a que a estas alturas de 2023 ya se habrían pasado la barrera de los 30.000, con lo que los expertos dan por hecho que de aquí a final de año se batirán todos los récords.