La amnistía no tiene un único destinatario ni mucho menos. Junts y ERC sacan provecho de ella, pero Bildu prepara ya el terreno para ampliar esa norma y extenderla hasta los etarras. Se trata de una norma pensada para deslegitimar a la democracia española y dar un cheque en blanco a todo separatista que haya delinquido para tumbar la Constitución y acabar con la unidad de España. Y en ese camino, el partido de Arnaldo Otegi cuenta con un listado de 4.000 "perseguidos por el Estado" para los que quiere reconocimiento e indemnización. Y ya ha exigido al PSOE burlar la Ley de secretos oficiales para justificar que ellos eran los buenos y la Policía y Guardia Civil el brazo armado del "lawfare".
Egiari Zor es la asociación encargada de la avanzadilla en esta tarea de reivindicar que ha existido y existe un lawfare generalizado en la democracia española. De que las torturas se extendieron con el fin de imponer un régimen. Y si una Ley de secretos oficiales que "impide saber la verdad", como señalan desde el ámbito separatista, pues Sánchez tiene que burlarla porque para "eso se le ha dado el apoyo", tal y como explican fuentes de Bildu.
Se trata de una fundación que afirma que las versiones oficiales en relación al "conflicto vasco han sido construidas para ocultar los terribles crímenes cometidos por el Estado español", como explicaba esta última semana la comunicación oficial de Bildu. Y Egiari ya ha pedido la reforma de la ley para "que se esclarezca" lo ocurrido.
El problema de esa ley es que nunca se desclasifican los documentos por completo. Es el poder político –Pedro Sánchez y sus ministros– quien decide qué parte se permite leer. Por eso los documentos desclasificados aparecen con frases tachadas y otra visibles: porque es el Gobierno el que decide qué se puede conocer bajo argumentos de "seguridad nacional".
Traducido: lo que pretende Bildu es que esa labor de apertura de secretos oficiales permita leer sólo las partes de las frases que les interesa y no las que no deben leerse para darse cuenta de lo ocurrido. O, dicho de otra manera, no todo para que cada uno pueda juzgar lo ocurrido.
Es más, esos documentos incluyen nombre concretos de agentes, topos, infiltrados, etc. Gente que pasaría a estar en una situación de alto riesgo si sus nombres son desvelados.
Pero, sea como sea, toda la maquinaria de Bildu se ha empezado a mover para llevar a cabo un mecanismo similar al pactado por Junts: una amnistía que incluye reclamaciones millonarias para los que, según ellos, fueron "asesinados y torturados" por la maquinaria del "Estado opresor". Los actos de homenaje y reivindicación se aceleran contra "la violencia del Estado". Y las cifras de sus supuestas víctimas son astronómicas: pretenden reivindicar 366 "víctimas mortales causadas por ambos Estados" y "4.113 casos de tortura practicados por la Guardia Civil, la Policia Nacional y la Ertzaintza, sufridos por 3.415 personas".
Uno de los últimos actos de homenaje ha sido el recientemente celebrado por Santi Brouard y Josu Muguruza, "víctimas de sendos atentados vinculados a las cloacas del Estado hace 39 y 34 años, respectivamente", señalaban las redes y medios de Bildu. Pero detrás está preparado todo un trabajo de campo que pretende utilizar el partido de Arnaldo Otegi para justificar la amnistía en el País Vasco y forzar al Gobierno a tener que reconocer un "conflicto", las "torturas" y la "represión" generalizada.
El trabajo de campo lo ha realizado Egiari Zor, una fundación que no duda en señalar "a quienes ampararon la violencia del Estado". Y sus informes empequeñecen los aportados por Carles Puigdemont para reclamar la amnistía de 4.000 condenados o en proceso judicial por delitos relacionados con el separatismo.