Las primeras informaciones apuntaron a unas comisiones en la trama del caso PSOE o Koldo de poco más de 10 millones de euros. Se trataba de la cifra detectada por la investigación judicial de la Guardia Civil. Pero, a la vez, el mismo sumario habló de un abanico de comisiones por favorecer los contratos públicos que oscilaban entre el 1% y el 10%. Más tarde surgieron cajas fuertes, más personas implicadas en el cobro de comisiones, compras ocultas de inmuebles, rutas de salida de dinero a paraísos, etc. Pero, siempre, las comisiones detectadas han seguido siendo mayores al porcentaje detectado de corrupción. Y, por ello, la Guardia Civil sospecha que, obviamente, de que debe haber más contratos y rutas de corrupción de las detectadas hasta el momento.
Ya ha aparecido la figura de Salvador Illa en el sumario del caso PSOE o caso Koldo. Por lo tanto, o del megacontrato de Sanidad -con un volumen total de 2.578 millones de euros y en el que entró también la sociedad Soluciones de Gestión- salen más indicios de corrupción o faltan contratos por aparecer. Y en esa línea investiga ya la UCO de la Guardia Civil.
La Benemérita considera como epicentro del pago de las comisiones a la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, una de las compañías premiadas por las adjudicaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la etapa de José Luis Ábalos. Igualmente cree que la estructura de Víctor de Aldama ocupa una posición privilegiada en la trama de corrupción.
Pero, de la primera de esas sociedades y en una primera fase, en teoría, la trama del asesor de cabecera de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, habría obtenido presuntamente 10 millones de euros en comisiones ilegales, según la misma investigación. Y eso significa que tuvo que haber más contratos porque las cifras son excesivas para los contratos desvelados y los porcentajes de comisiones.
El exministro José Luis Ábalos está en el centro de la diana por su relación con Koldo García Izaguirre, el principal sospechoso de la trama de comisiones ilegales en la compra por el Estado de mascarillas en plena pandemia de covid. Koldo fue detenido por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia por el caso Delorme de presunta corrupción en la compra de mascarillas por parte del Gobierno central y ejecutivos autonómicos por un importe total -por ahora- de 53,1 millones de euros. Koldo, a su vez, fue introducido en el Gobierno por el actual secretario de organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez, Santos Cerdán. La empresa que recibía los contratos era Soluciones de Gestión. Y ha logrado contratos con, al menos, tres ministerios socialistas -Interior, Sanidad y Transportes- y dos comunidades bajo mandato del PSOE -Canarias y Baleares-, por ahora. Eso sí, la Comunidad Valenciana ya ha sido marcada por sus contratos en obra pública a firmas vinculadas a los empresarios relacionados con la trama de las mascarillas. Y la investigación judicial cuenta con conversaciones que detallan el pago de las comisiones y su volumen: hasta "un 10%" si se "trabajaba" y un "2% ó un 1%" en caso contrario.
Por eso la Guardia Civil que investiga el caso Delorme teme que hay más contratos, dentro y fuera del ámbito del Ministerio de Ábalos y del resto de mencionados. Y cree que esos contratos pueden ser de mascarillas o de otros productos o conceptos. Los investigadores cuentan con una conversación en la que se dan detalles de los pagos por los contactos para cerrar los contratos públicos. La investigación judicial señala que "Koldo García Izaguirre y Victor Gonzalo de Aldama Delgado sí mantenían relación durante la adjudicación de los contratos investigados, de hecho, el día 19/09/23, Koldo le comenta a Cueto [el máximo responsable de la empresa Soluciones de Gestión] mientras hablaba sobre Aldama que "a mi me resolvió los problemas que tenía para poder ejecutar y traer lo que yo necesitaba de fuera". La Guardia Civil señala en el mismo documento, que, "de esta revelación, se deduce que Koldo podría estar haciendo alusión a la intermediación de Aldama en la adquisición de mascarillas en el marco de las adjudicaciones investigadas, y lo más significativo es que lo hace hablando en primera persona".
Aldama es el presidente del Zamora. El informe judicial prosigue y señala que "en varias ocasiones se han observado referencias al papel de Aldama como "comisionista" frente a la Administración Pública en el marco de los contratos investigados". La investigación también señala que "a modo de ejemplo, el día 22/09/23 siendo las 20:45 horas, Íñigo le contaba a Cueto que el inspector de la AEAT quiere citar a los administradores y socios de Soluciones de Gestión para que comparezcan ante él".
Íñigo es Íñigo Rotaeche Lachiondo, teórico propietario, junto con Luisa Presa Medina, de Soluciones de Gestión, pese a que, como señala la Guardia Civil, la "sociedad estaba controlada por el grupo Cueto. "En el transcurso de la llamada, hacen alusión a las supuestas intenciones del actuario con esta inspección, refiriendo que el actuario no admitiría como gasto a Soluciones de Gestión el pago a Aldama porque habrían pagado una comisión encubierta a Aldama por sus contactos en el Ministerio".
A este respecto, "Iñigo afirmaba que nadie ha negado que se le pagase una comisión por presentar la oferta "ante el Ministerio y las otras", pero alude a que también ha trabajado por lo que se ha llevado un 10% en la operación, si no hubiese cobrado un 2% ó 1%".