Ione Belarra sigue empeñada en distorsionar la historia de España y enseñar a los niños su particular odio por el pasado de nuestro país. Podemos ha pedido ahora a Pedro Sánchez que "se elaboren contenidos educativos específicos sobre la relación histórica de España, con África, América Latina y Asia para ser incluidos en los currículos de las asignaturas de la educación pública primaria y secundaria en el plazo de doce meses" con el objetivo de "incluir en el currículo de todas las etapas educativas la historia de la esclavización y de la trata trasatlántica y mediterránea de personas esclavizadas, así como la persecución que ha sufrido el pueblo gitano incluyendo el genocidio gitano "Parraijmós", del holocausto judío, del holocausto gitano, y de que se sensibilice al alumnado de las consecuencias que tiene esa historia en la realidad del racismo estructural que vivimos hoy".
Podemos pide también "implementar políticas de acción afirmativa para facilitar la presencia de la diversidad en los centros de trabajo": cupos laborales por razas. También reclama "impulsar las modificaciones normativas necesarias para regularizar a las personas extranjeras que se encuentran residiendo en España".
Todas, de golpe, sin más control. Belarra reclama, además, "impulsar una Ley Orgánica contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia"; "poner en marcha los mecanismos de control adecuado para evitar que se produzcan situaciones de discriminación por motivos raciales o de otra índole ante los diferentes operadores jurídicos y ante las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de erradicar los controles de identidad en los que se tenga en cuenta el perfil étnico"; y la "puesta en marcha de la Estrategia Nacional contra el Racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia y que esta incorpore objetivos e indicadores que serán evaluables sobre concentración y segregación racial escolar en las distintas comunidades y ciudades autónomas".
Todo ello porque Podemos, como afirma, cree que España tiene un "racismo estructural". Y este plan le permitiría utilizar un buen arsenal de fondos públicos con los que hacerse con voto inmigrante: "Consideramos que toda política pública debe realizarse desde la perspectiva interseccional para entender y responder a las maneras en las que el racismo utiliza el género en relación con la «raza», cultura, etnia, edad, orientación sexual, identidad de género, o la clase social entre otras categorías, como justificación del acceso desigual de las mujeres a sus derechos, desde un enfoque integral", señala Podemos. Y para implantar su plan necesita fondos.
"Consideramos de vital importancia tomar medidas eficaces para eliminar el establecimiento de los perfiles raciales o étnicos. Creemos que la elaboración de estos perfiles no tiene justificación objetiva y razonable si no persigue un objetivo legítimo o si no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo que se pretende alcanzar", añaden desde Podemos.
"La recogida de datos étnicos en las estadísticas, estudios y encuestas por parte de los Estados es un hecho recomendado por la Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas conexas de Intolerancia de Durban, así como por numerosos organismos internacionales o el Plan Antirracista de la Unión Europea 2020-2025", afirman.
Y, por todo ello, el partido de Belarra cree que "es necesaria la aprobación de una norma ad hoc que no solo lleve a cabo de las modificaciones normativas precisas, tanto en el ámbito penal, como en otros ámbitos sino que, además, cree un marco general e integral de prevención, protección, reparación y erradicación del racismo y las formas conexas de intolerancia, que persisten en nuestra sociedad. Es necesario mejorar la atención a las víctimas de la discriminación racial y de la intolerancia asociada, especialmente cuando el nivel de infradenuncia es tan elevado y la necesidad de concretar, una vez que España ha avanzado en la legislación de ámbito penal, y también en el ámbito de los distintos tipos de discriminación, con la aprobación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, las infracciones y sanciones en el ámbito de la discriminación racial y la intolerancia asociada, para tener un corpus normativo que sancione las conductas graves no penales, puesto que es necesario para que los actos de discriminación racial no quede impune". Un plan masivo de entrada en infinidad de áreas y carteras presupuestarias.