Llega el rally electoral –vascas, UE y catalanas–. Se agita el fantasma del adelanto electoral por la debilidad de Pedro Sánchez. Y Yolanda Díaz, justo en ese momento, impulsa un gran plan de subvenciones a los medios de comunicación para congraciarse ante su pérdida de influencia y popularidad.
El eje del plan es la "educación sexual" según la versión de Sumar. Todo un mecanismo de criba ideológica que poco tiene que ver con la educación sexual como tal. Y, por supuesto, lo primero que se indica en el documento que describe la medida es que habrá "subvenciones" para los medios que entren al juego.
El plan de pago a la prensa cuenta con distintos puntos. Asegura que pretende "establecer un sistema de monitorización para evaluar y conocer el cumplimiento normativo de la LOMLOE y de los reales decretos de enseñanzas mínimas en las diferentes etapas educativas relacionadas con la educación emocional y sexual, garantizando su implantación curricular y aumentando la cobertura de centros educativos con esta formación en nuestro país".
Busca "incorporar una materia curricular obligatoria de educación emocional y sexual en Infantil, Primaria y Secundaria" y "tener en cuenta una adecuada dotación formativa y de recursos al profesorado para que pueda implementar los contenidos curriculares anteriormente descritos con rigor y calidad". Insiste en que quiere "incorporar en el sistema sanitario, en el marco de la Atención Primaria y de otros dispositivos asistenciales, contenidos de educación sexual en forma de mensajes y materiales dirigidos a las personas, con un protocolo de intervención estándar que garantice la equidad en el sistema sanitario público de nuestro país".
Pero, además de todo ello, entra en materia al exigir "un plan de educación sexual a nivel de la sociedad para incorporar a las entidades del Tercer Sector y a los medios de comunicación, con la subvención de proyectos, programas y campañas de publicidad que contribuyan a la educación sexual de la población en general y de las personas menores y jóvenes en particular". Todo ello, como destaca, financiado con "subvenciones".
La argumentación de fondo es la de siempre. Que "la educación en sexualidad (también llamada educación afectivo-sexual o educación sexual) es un derecho reconocido por la familia de Naciones Unidas1-5 y una necesidad educativa del alumnado infantil y adolescente, ya que afecta a su desarrollo personal y social, a su bienestar mental y a sus relaciones, y además influye en los procesos de aprendizaje y en el rendimiento escolar".
Que "frente a los discursos del miedo a la educación sexual, que preconizan un adelanto de prácticas y riesgos, la evidencia científica es determinante para demostrar precisamente lo contrario: el retraso en las prácticas y conductas más responsables, con los resultados en salud ya señalados".
Y que "frente a quienes señalan esta materia como adoctrinamiento, es necesario dejar claro que la educación sexual se construye con un sólido cuerpo de conocimientos basados en la evidencia científica y en la colaboración de múltiples disciplinas (Sexología, Psicología, Antropología, Medicina, Enfermería…)". Y, por todo ello, diseña un esquema de control por el Gobierno de esa educación sexual y de pago de subvenciones a los medios de comunicación.