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Sánchez y Conde-Pumpido aprovechan la proposición de independencia del Parlamento catalán para "hacer campaña"

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital denuncian que "el Ejecutivo tardó 5 semanas en impugnar el acuerdo de la Mesa del Parlamento catalán".

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital denuncian que "el Ejecutivo tardó 5 semanas en impugnar el acuerdo de la Mesa del Parlamento catalán".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, escuchan la intervención de la cantante María Berasarte, durante el acto por el Día de la Constitución. | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, han aprovechado la "Proposición de Ley de declaración de la independencia de Cataluña" aprobada por el Parlamento catalán el pasado 20 de febrero para "hacer campaña".

El Pleno del TC admitía este martes a trámite por unanimidad la denominada ‘impugnación de disposiciones autonómicas’ promovida por el propio Ejecutivo socialista, es decir, un recurso presentado por el Gobierno ante el Constitucional contra una resolución acordada por una Comunidad Autónoma.

Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por Libertad Digital denuncian que "este asunto ha sido utilizado tanto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez como por Cándido Conde-Pumpido para hacer su respectiva campaña. El Gobierno socialista tardó 5 semanas en impugnar el acuerdo a la espera de que el presidente catalán Pere Aragonés fijara las elecciones anticipadas para el próximo 12 de mayo. Es decir, el Ejecutivo ha esperado a la convocatoria de los comicios autonómicos para simular un distanciamiento con su socio de legislatura ERC, que precisamente llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa".

"Cabe destacar que antes de que el Ejecutivo impugnará la resolución de la Mesa del Parlamento catalán, el propio PSC de Salvador Illa y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ya habían presentado un recurso de amparo ante el TC contra esta misma resolución. Por lo tanto, todo ha sido un acto de propaganda electoral de cada a los comicios del 12-M", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "el Constitucional de Conde-Pumpido también ha utilizado este asunto para hacer su particular campaña. Cuando el Gobierno impugna ante el TC una resolución autonómica la suspensión de la misma es automática, independientemente de que el Pleno del tribunal haya aprobado por unanimidad su admisión a trámite. No obstante, el tribunal ha vendido ante los medios en las últimas horas que se ha suspendido por unanimidad la resolución en el tribunal", añaden.

Al invocar el Gobierno de la nación el artículo 161.2 de la Constitución con la impugnación de una resolución autonómica, se aplica el artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que produce la suspensión automática de dicha resolución. En este caso concreto, desde el día 27 de marzo de 2024, fecha de interposición de la impugnación.

"Conde-Pumpido ha utilizado esta falsa unanimidad para intentar blanquear su gestión al frente del Constitucional. Desde su llegada a la presidencia se ha aprobado la inmensa mayoría de las sentencias con los 7 votos a favor de los magistrados izquierdistas y los 4 votos en contra de los magistrados conservadores aplicando su rodillo sectario", concluyen.

Una iniciativa Legislativa Popular

Recordamos que la Proposición de Ley de declaración de la independencia de Cataluña fue presentada como una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el partido extraparlamentario Solidaritat per la Independència y fue admitida a trámite por el órgano de gobierno de la cámara catalana con los votos a favor de Junts y la CUP y la abstención de ERC. Los dos primeros partidos desestimaron los avisos de los letrados de la cámara, que advirtieron de que la ILP supera el ámbito de actuación de la cámara y es inconstitucional.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidió bloquear la iniciativa mediante la dimisión de los tres magistrados que forman parte de la comisión de las ILP, que se rigen en Cataluña por una comisión de control formada por tres jueces, tres catedráticos de Derecho Constitucional o Ciencias Políticas y tres juristas. Ese movimiento además se produjo antes de que Pere Aragonès convocara elecciones anticipadas y de que el Gobierno presentara recurso en el Constitucional.

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