El Tribunal Constitucional ha suspendido la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para proclamar la independencia que la mesa del parlamento catalán admitió a trámite el pasado 20 febrero en lo que supuso prácticamente el último acto parlamentario antes de la convocatoria electoral para el 12 de mayo. La suspensión procede del recurso presentado por el Gobierno, admitido por el tribunal de garantías y que implica la paralización de la ILP.
A pesar de que acostumbra a ser habitual que el Tribunal Constitucional admita los recursos del Gobierno contra iniciativas o leyes autonómicas y que dicha admisión suponga automáticamente la suspensión del asunto recurrido, los magistrados han protagonizado un intenso debate sobre cuestiones técnicas, según la agencia Efe.
La iniciativa fue presentada por el partido extraparlamentario Solidaritat per la Independència y fue admitida a trámite por el órgano de gobierno de la cámara catalana con los votos a favor de Junts y la CUP y la abstención de ERC. Los dos primeros partidos desestimaron los avisos de los letrados de la cámara, que advirtieron de que la ILP supera el ámbito de actuación de la cámara y es inconstitucional.
Por si no fuera suficiente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidió bloquear la iniciativa mediante la dimisión de los tres magistrados que forman parte de la comisión de las ILP, que se rigen en Cataluña por una comisión de control formada por tres jueces, tres catedráticos de Derecho Constitucional o Ciencias Políticas y tres juristas. Ese movimiento se produjo antes de que Pere Aragonès convocara elecciones anticipadas y de que el Gobierno presentara recurso en el Constitucional.
Críticas del Govern al Gobierno
Pero es que además se da la circunstancia de que el partido que presentó la ILP (y que debería lograr cincuenta mil firmas para seguir adelante con el trámite) ha sido incapaz de lograr los avales necesarios para poder presentarse a las elecciones autonómicas catalanas. La formación, en su día impulsada por Joan Laporta, sólo ha obtenido 3.543 firmas, lejos de las 5.755 necesarias para poder presentarse.
A pesar de que ERC se abstuvo al asegurar que la ILP alimentaba "falsas expectativas", este martes el gobierno catalán ha censurado que el Ejecutivo de Sánchez haya recurrido a la vía judicial. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha aprovechado la rueda de prensa tras la reunión de los consejeros para atribuir al Ejecutivo central un "interés puramente electoral".