Carles Puigdemont ha exigido un referéndum en Cataluña con todas las bendiciones del Gobierno de Pedro Sánchez. Pere Aragonès ha incluso dictado la pregunta que debería hacerse. Y Arnaldo Otegi ha exigido que el referéndum se haga de forma simultánea en el País Vasco y Cataluña. Se trata de la segunda pero mayor bomba de relojería en la era Sánchez contra el castillo constitucional y de unidad de España. El PSOE tenía un plan alternativo: una consulta camuflada colada por medio de una reforma de los estatutos de autonomía. Pero su plan ha sido tumbado por Junts. La única opción que aceptan es la de un referéndum como el del 1-O con la única diferencia de que, en esta ocasión, el Gobierno no iría a la contra, sino a favor.
El plan separatista sigue su rumbo a velocidad de crucero. La primera pieza del puzzle era Conde-Pumpido y ya se encuentra plenamente al mando del Tribunal Constitucional.
La segunda era la amnistía, y ya se está tramitando. Y la tercera era camuflar el referéndum separatista como una consulta no vinculante en los estatutos de autonomía. Esa última pieza exige dos cuestiones previas: una reinterpretación o ampliación del Estatuto de Autonomía de Cataluña y País Vasco que facilite habilitar la posibilidad legal de realizar consultas políticas bajo el pretexto de que no son vinculantes. Y que, como Estatutos que son, tras la reforma deberían someterse a votación entre la población por medio de un referéndum, con lo que la apariencia de haber realizado la consulta se habría cumplido desde el primer momento.
Ese era el plan inicial del PSOE para intentar rebajar la relevancia de los referéndum. Pero no ha colado con Junts. Precisamente por la rebaja de relevancia que supondría.
El actual Estatuto Catalán señala claramente que "corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución". Y, a su vez, este 149.1.32 de la Constitución recoge como materia exclusiva del Estado y ajena a cualquier autonomía, la "autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum".
La fórmula intermedia del PSOE pasaba por estirar este artículo. Por medio de una ley regional que reciba el beneplácito del Tribunal Constitucional, o por medio de una reforma parcial del Estatuto de Autonomía. Y, de ese modo, ya quedaría, tras ser aceptado por el TC, bajo decisión de la Generalidad catalana y el Gobierno Vasco el poder para lanzarla. En resumen: un traslado de competencias puro y duro escondido tras un camuflaje de reforma estatutaria.
Pero Junts tiene claro que el único ganador de ese enjambre jurídico es el Gobierno y no está por la labor. Quiere un referéndum tal cual. Y por eso el equipo de Conde Pumpido trabaja ya en el pretendido encaje en el TC de algo que dinamita la indisoluble unidad de la patria española, tal y como indica la Carta Magna. Por mucho que se afirme que carece de relevancia jurídica por ser estrictamente consultivo.
Junts exige un referéndum sin matices y convocado sólo en Cataluña —o en el País Vasco—. Pero sólo en las plazas con deseo de ruptura con España.