El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha provocado una gran indignación en el seno del Tribunal Supremo tras insinuar un posible lawfare por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que anuló su nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos.
García Ortiz señaló en una entrevista en RTVE el pasado martes que la Sala Tercera del Supremo había adoptado una línea de "mayor exigencia, muy distinta a toda la trayectoria, a toda la doctrina o jurisprudencia que venía teniendo". Por ello, añadía, el fallo del Alto Tribunal no ha causado "excesiva sorpresa".
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que "las palabras de fiscal general del Estado acusando veladamente al Supremo de una presunta prevaricación o lawfare son gravísimas. Álvaro García Ortiz está incumpliendo su deber de defender la independencia judicial que le encomienda el Estatuto del Ministerio Fiscal y la Constitución Española. El hartazgo de los magistrados del Supremo por las falsas acusaciones de lawfare ha llegado a su límite".
En este contexto, el artículo tercero del Estatuto Fiscal establece que a la Fiscalía le corresponde "velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa".
Por su parte, el artículo 124 de la Constitución señala que "el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social".
Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "el fiscal general no se puede convertir en el principal ariete contra los tribunales, sino que debería velar por su defensa. Tras sus graves acusaciones, las tres sentencias en contra que acumula del Supremo y la investigación abierta por la filtración de datos de la causa del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que le salpica, García Ortiz debería dimitir de inmediato".
Recordamos que la anulación del nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática es el tercer varapalo judicial del Alto Tribunal contra el fiscal general. El pasado mes noviembre ya anuló el nombramiento de la propia Delgado como fiscal de Sala de lo Militar al entender que se produjo con "desviación de poder" por parte de García Ortiz. Posteriormente, la Sala Tercera del Supremo condenó a la Fiscalía que dirige por ocultar un expediente de investigación al fiscal Ignacio Stampa.
La investigación de la filtración de la Fiscalía
Por su parte, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitía a trámite este martes también la querella presentada por el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra Pilar Rodríguez, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid; y Julián Salto, fiscal de la Sección de Delitos Económicos de la misma Fiscalía, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionario.
El TSJM señalaba en su auto que si bien en su informe el Ministerio Fiscal da razón de por qué facilitó una nota informativa "para salir al paso de determinadas informaciones, y niega que en esa nota informativa conste nada que no fuese conocido, y afirma que se veía facultado por su propia normativa orgánica al anudar al libre ejercicio de la libertad de información el deber de trasladar a la sociedad el hecho noticiable", de lo que se trata en el presente supuesto, continúa la resolución, es de "analizar si se ha visto vulnerado el deber de confidencialidad y reserva inherente a las actuaciones penales".