De Asunta al 'Pescaíto': ¿se pueden prohibir los 'true crime' sobre menores que arrasan en Netflix?

"Nuestros peces no están en venta", reza el lema de la manifestación convocada este sábado por la tarde en Almería por la madre de Gabriel Cruz, más conocido como el Pescaíto, para rechazar las producciones audiovisuales de quienes "se están intentando lucrar con su muerte". Aunque ninguna de las grandes productoras ha reconocido estar detrás del proyecto, su madre, Patricia Ramírez, asegura que la idea lleva fraguándose desde hace tiempo, por lo que de ser así se sumaría a una larga lista de series y documentales que giran en torno a mediáticos asesinatos como el de Asunta Basterra o Marta del Castillo.

El pequeño Gabriel, de tan solo ocho años, fue asesinado por la expareja de su padre, Ana Julia Quezada, el 27 de febrero de 2018. Su cuerpo sin vida fue encontrado después de casi dos semanas de agónica búsqueda en el Parque Natural de Cabo de Gata. Ahora, su familia quiere evitar a toda costa revivir el sufrimiento de aquellos días, pero también evitar el "sensacionalismo" con el que, a su juicio, se afrontan otros casos como el de su hijo .

Precisamente por eso, Ramírez llama a los ciudadanos a valorar si este tipo de producciones audiovisuales deben "permitirse en una sociedad que merezca la pena vivirse". Su alegato, sin embargo, no solo apela a la ética o la moral, sino también a la posible "vulneración de derechos fundamentales". De ahí, la gran pregunta que muchos se hacen en este momento: ¿es posible prohibir o poner coto a los true crime que proliferan en las principales plataformas digitales?.

Libertad de expresión

"No existe ninguna ley que impida la libertad de expresión", responde tajante el abogado del Bufete Claris Ricardo Gómez de Olarte, quien asegura que "ese tipo de documentales no son más que una forma, más o menos desagradable, del ejercicio de esa libertad de expresión, según reiterada jurisprudencia". Tal y como explica, en países como el Reino Unido "existe el ‘libelo’, que sí recoge como punible ese tipo de actuaciones", pero en España, no.

Núria González, la abogada que lidera la batalla de Rosa Peral —condenada por el crimen de la Guardia Urbana— contra Netflix, explica que, en nuestro país, "los juicios son públicos, por lo que la verdad judicial puede ser objeto de cualquier documental, película o creación". De esta forma, la posible reclamación vendría dada por su alteración. En todo caso, "basta con cambiar escenarios, nombres, apellidos y alguna situación para soslayar el permiso de los progenitores", apunta Gómez de Olarte.

La protección a la infancia

En el caso del Pescaíto, la que fuera delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, apeló en su día a las leyes de infancia, que llaman a "proteger la imagen del menor desde su nacimiento hasta después de su fallecimiento". Sin embargo, la realidad es que, en la práctica, no es tan sencillo. "Es lo que se denomina una colisión de derechos: protección a la infancia contra libertad de expresión", apunta el abogado del Bufete Claris, que tiene claro cuál prevalece en estos momentos en nuestro país: "En España la legislación y la propia jurisprudencia han llegado a un límite un tanto absurdo en defensa de la libertad de expresión, que vulnera en muchas ocasiones otros derechos cono pueden ser la protección de la infancia, la privacidad, los delitos de odio, etc..".

En todo caso, "los padres pueden ejercer la acción penal o civil contra el honor y pedir el secuestro del documental o de la serie". Sin embargo, advierte de que "si la víctima está muerta, es duro asumirlo, pero ya no son progenitores". Núria González coincide: "El derecho a la intimidad de un menor fallecido es complicado. Habría que demostrar que hay un perjuicio para la familia completa, pero yo insisto en que aquí el concepto básico es que la verdad judicial es cosa pública, porque en España los juicios son públicos como garantía de Justicia y las cosas son públicas puedes crear lo que quieres siempre que se respete esa verdad".

La batalla de Rosa Peral

En la batalla que Rosa Peral libra contra la serie de Netflix que recrea el asesinato de Pedro Rodríguez este aspecto ha sido clave. "En El cuerpo en llamas la verdad judicial es lo que menos ha importado. Lo que han hecho es utilizar al entorno de la protagonista para añadir morbo e intentar hacer más apetecible el espectáculo y se ha hecho utilizando a una menor a la que se puede identificar perfectamente porque su madre se llama Rosa Peral", denuncia González.

Durante el juicio, la actual mujer del exmarido de Rosa Peral aseguró que la hija mayor había visto a su madre con sangre bajando a Pedro por las escaleras, algo que ella siempre ha defendido que era falso porque las niñas dormían en el piso de arriba. Al no tratarse de un testimonio directo y teniendo en cuenta que las menores se acogieron a su derecho a no declarar, dicha versión fue rechazada de plano, de tal forma que el jurado ni siquiera pudo tomar en consideración el testimonio. Aun así, la serie de Netflix lo utiliza para apuntalar la culpabilidad de Peral.

"¿Hasta dónde llegan los derechos de libertad de creación cuando, además, se implica a una menor que hoy todavía es menor? Porque aquí no han pasado 50 años… ¿Qué derecho tienen las plataformas a utilizar a los menores inventándose cosas sobre esos menores que sí existen para ganar más dinero? Esa es la discusión jurídica que nosotros hemos abierto con El cuerpo en llamas y que vamos a ir hasta el final: el derecho a salvaguardar la intimidad de los menores ante el derecho de creación y de las empresas a hacer caja, mediante historias de las que, en principio, lo único que es público es la verdad judicial".

El caso de Marta del Castillo

Frente a quienes, como la madre del Pescaíto, son partidarios de poner coto a este tipo de producciones, se encuentran aquellos otros progenitores que, sin embargo, creen que el debate público puede contribuir a llegar hasta el final en casos que aún hoy siguen planteando muchas incógnitas. Ese es el caso, por ejemplo, del padre de Marta del Castillo. "Los documentales ponen de manifiesto los errores judiciales y policiales y mi hija no ha aparecido. Que me critiquen lo que quieras", escribía Antonio del Castillo el pasado miércoles en su cuenta de X.

"Siento profundamente el dolor que le puedan crear mis palabras —le respondió entonces la madre de Gabriel Cruz—. Le ruego no las interprete contra usted. Estoy hablando de mi hijo, Gabriel, y del derecho, después de encontrarle, a su memoria y olvido. Usted está haciendo lo indecible por encontrar a su hija". A lo que añadía: "Imagínese que usted está en mi situación y después de seis años no le dejan descansar y usted quisiera hacerlo".