La Asociación de Fiscales (AF) ha anunciado que se levanta de la mesa de trabajo para elaborar un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, insinuará la semana pasada que el movimiento asociativo del Ministerio Público está politizado.
Según un comunicado, al que ha tenido acceso Libertad Digital, "la Asociación de Fiscales, tras las graves e inaceptables insinuaciones recibidas por parte del FGE poniendo en duda nuestra profesionalidad e independencia, comunica al mismo su voluntad de no continuar en la mesa de trabajo para elaborar un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal".
"Ante las manifestaciones realizadas en los medios de comunicación por el Fiscal General del Estado que pone en duda la actuación independiente y profesional de las asociaciones de jueces y fiscales, acusándolas de estar politizadas y no respetando el trabajo que en ellas se realiza, la Asociación de Fiscales considera que se ha roto el marco idóneo y necesario para continuar los trabajos asociativos conjuntos para la elaboración de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y, en consecuencia, acuerda levantarse de la mesa constituida al efecto por el Fiscal General del Estado", concluye la AF.
Recordamos que el fiscal general del Estado afirmó la semana pasada que "entre elementos corporativos dentro de las asociaciones judiciales y fiscales hay objetivos idénticos que los que tienen determinados partidos políticos. Y eso es una evidencia".
"Cuando la ley prohíbe a los fiscales y jueces formar parte de los partidos políticos o de los sindicatos, entendiendo el derecho a la representación sindical y el derecho a la participación política como dos derechos fundamentales, consagrados al principio de la Constitución, y dice que sí hay asociaciones profesionales, está intentando separar ambos campos de juego. Cuando se funden, a lo mejor estamos confundiendo un poco el foco", añadió García Ortiz.
Indignación también en el Supremo
La semana pasada, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, provocaba una gran indignación en el seno del Tribunal Supremo tras insinuar un posible lawfare por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que anuló su nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. García Ortiz señaló en una entrevista en RTVE que la Sala Tercera del Supremo había adoptado una línea de "mayor exigencia, muy distinta a toda la trayectoria, a toda la doctrina o jurisprudencia que venía teniendo". Por ello, añadía, el fallo del Alto Tribunal no ha causado "excesiva sorpresa".
"Las palabras de fiscal general del Estado acusando veladamente al Supremo de una presunta prevaricación o lawfare son gravísimas. Álvaro García Ortiz está incumpliendo su deber de defender la independencia judicial que le encomienda el Estatuto del Ministerio Fiscal y la Constitución Española. El hartazgo de los magistrados del Supremo por las falsas acusaciones de lawfare ha llegado a su límite", apuntaban fuentes jurídicas consultadas por este diario.
En este contexto, el artículo tercero del Estatuto Fiscal establece que a la Fiscalía le corresponde "velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa". Por su parte, el artículo 124 de la Constitución señala que "el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social".