García Ortiz carga contra la UCO y acusa a los investigadores de cometer "irregularidades"

Se le complica el horizonte judicial al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien parece resistirse a la investigación que lleva a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Tanto es así, que ha utilizado a la Abogacía del Estado para cargar contra la investigación de la benemérita respecto a la filtración de la denuncia contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

En su último informe, el Instituto Armado atribuye a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, la filtración. Y lo que hace la Abogacía del Estado ahora en representación de Álvaro García Ortiz es poco menos que regañar o afear esta situación a la UCO: "Esta afirmación carece de fundamento y omite hechos relevantes sobre el posible acceso por terceros a dicha denuncia, así como al informe de la Agencia Tributaria", apuntan los Servicios Jurídicos del Estado en un escrito.

La Abogacía del Estado ha remitido este documento al juez del Tribunal Supremo que investiga a García Ortiz por la filtración a la prensa de los correos electrónicos intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal que le investiga por presuntos delitos fiscales, Julián Salto, para llegar a un acuerdo.

"37 errores, irregularidades, omisiones e indebidas inferencias"

La Abogacía del Estado no se queda ahí, sino que reprende a los investigadores de la UCO. Dice que "contiene hasta 37 errores, irregularidades, omisiones e indebidas inferencias". Se trata del informe en el que los agentes de la Guardia Civil también concluyen que el fiscal general tuvo una "participación preeminente" en "los hechos que finalmente derivaron en la filtración investigada" a raíz de la querella que presentó el novio de Díaz Ayuso.

Y añade: "El informe de la UCO (...) sugiere que la denuncia contra González Amador, al haber sido comentada el 8 de marzo entre la Sra. Pilar Rodríguez y el Sr. Diego Villafañe, podría haber sido filtrada a la prensa por este entorno", señala la Abogacía para luego insistir en que dicha afirmación "carece de fundamento".

"Indebidas inferencias"

Además, desde la Abogacía del Estado defienden que la denuncia contra González Amador y el informe de la Agencia Tributaria relativo a su caso "ya estaban a disposición de terceros, distintos a las personas investigadas en esta causa, desde el 5 de marzo de 2024, a través del Decanato de los Juzgados de Instrucción de Madrid".

Apuntan, además, que "la denuncia y la documentación anexa" estaban en una "carpeta común" a la que "tenían acceso más de 499 personas", lo que "demuestra" que dicha documentación no estaba restringida exclusivamente al entorno de Rodríguez y Villafañe.

Con todo, la Abogacía también critica que el informe de la UCO parezca "insinuar de manera errónea" que Villafañe "no tenía entre sus funciones recibir la comunicación mencionada en relación con la denuncia contra Alberto González Amador".

Asimismo, subraya que varias de las conversaciones que se incluyen en el informe de la Guardia Civil se enmarcan en la "dación de cuentas" a la que obliga el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

También reprocha las inferencias que considera que realiza la UCO a partir de las conversaciones intervenidas que, a su juicio, no tienen carácter probatorio alguno y recalca que el informe "omite realizar cualquier inferencia favorable en favor de los investigados", en referencia a García Ortiz.

El Supremo defiende la actuación de la UCO

Este jueves, el juez del Supremo a cargo de la investigación ha dictado una providencia en la que defiende la actuación de los agentes y asegura que "no cabe formular reproche alguno al trabajo realizado por una unidad tan especializada y reconocida como es la UCO, sin perjuicio del derecho de la parte a su cuestionamiento".