El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha tomado buena nota de los dos avisos que le ha lanzado el Tribunal Supremo por su enorme, llamativa y eficaz cercanía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Supremo -alto tribunal de nuestro orden jurisdiccional (no el Constitucional, que es un organismo político)- ha lanzado ya dos advertencias al Tribunal Constitucional de Pumpido abriendo la puerta a una posible investigación por un delito de prevaricación por las resoluciones en las que el TC ha respaldado los criterios que más podían beneficiar al PSOE pisoteando decisiones del Supremo como, por ejemplo, las sentencias condenatorias de los ERE. Y, ahora, Pumpido ha enviado a sus vocales más cercanos a sondear si los dos avisos son la antesala de una imputación por prevaricación en caso de que decida salir al rescate del fiscal general del Estado.
Pumpido empieza a pensar que su dependencia de Pedro Sánchez le puede salir más cara de lo pensado inicialmente. Tal y como avanzó Libertad Digital, el Supremo ha abierto la puerta a investigar a Conde-Pumpido y al resto de magistrados izquierdistas por un delito de prevaricación en el futuro tras el ‘indulto encubierto’ a los dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía por el caso de los ERE.
Los límites al TC
Uno de los autos más recientes del Supremo ha recogido la siguiente exposición del magistrado Vicente Magro: en primer lugar es verdad que inadmite una segunda querella sobre el caso de los ERE; presentada en esta ocasión por la Asociación contra la Prevaricación "Atando Cabos". Pero, en segundo lugar, el magistrado Magro cita un primer auto del Supremo redactado por su compañero Andrés Palomo en el que se afirmaba que en el TC no hay "carta blanca": "Esta disposición no significa que la dinámica de funcionamiento jurisdiccional del Tribunal Constitucional, resulte ajena de manera absoluta a eventuales recursos o a control jurisdiccional alguno por parte del poder judicial o de otros poderes del Estado. No equivale a una suerte de inviolabilidad de los miembros del Tribunal Constitucional en el ejercicio de sus funciones; como pudiera derivarse de eventual infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, etc".
Y añade que, "en cuanto uno de los elementos del tipo de prevaricación son las resoluciones judiciales integraría fraude de ley, la utilización de la prevaricación judicial como instrumento de sustitución o alteración del sistema de recursos frente a las resoluciones judiciales; tampoco resulta admisible su utilización como mecanismo subsidiario de enjuiciamiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, legalmente excluidas del enjuiciamiento jurisdiccional".
Es más, "en todo caso, ello no supone el otorgamiento de carta blanca al Tribunal Constitucional para resolver sin atenerse jurídicamente a la cuestión, pero sí estrecha los contornos en los que puede desenvolverse el examen de la injusticia que determine su subsunción en el delito de prevaricación".
La inquietud en el Supremo
La exposición ha llegado a Pumpido. Y ha roto su tranquilidad. Tanto, que sus vocales de máxima confianza no han tardado en tantear a miembros del Tribunal Supremo sobre la inmediatez de esta hipótesis. ¿El motivo? Que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, teme por su futuro tras haber, al menos, participado en la filtración de datos secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso y de haber destruido pruebas. Y fía su futuro a una intervención del Constitucional pisoteando, incluso preventivamente, la labor del Supremo.
Las consultas de los enviados de Pumpido han sido realizadas. Y la respuesta recibida: un mensaje severo desde miembros del Supremo que no ha tranquilizado, sino todo lo contrario, a Pumpido.