La Audiencia de Sevilla fija 3 días para deliberar si recurre los ERE ante el TJUE a pesar de la presión de Pumpido
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla fija los próximos días 24 y 29 de abril y el 13 de mayo de 2025 para "deliberación".
La Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado tres días para deliberar sobre si presenta una cuestión prejudicial contra la sentencia del Tribunal Constitucional que indultó de forma encubierta a los condenados por los ERE del PSOE de Andalucía. Todo ello, a pesar de las presiones recibidas por el presidente del TC Cándido Conde-Pumpido.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la Sección Primera de la Audiencia Provincial fija los próximos días 24 y 29 de abril y el 13 de mayo de 2025 para "deliberación" sobre el posible recurso ante la justicia europea para evitar la impunidad de los condenados en la mayor causa de corrupción de la historia de España con más de 680 millones de euros públicos desviados.
Tanto la Fiscalía, siguiendo las instrucciones del fiscal general Álvaro García Ortiz, como las defensas de los condenados han solicitado al tribunal sevillano que renuncie a elevar la cuestión prejudicial a Europa. Por su parte, la acusación popular ejercida por el PP andaluz apoya con firmeza esta pretensión.
Hace dos semanas, el Pleno del Constitucional decidía no adoptar por el momento ninguna decisión para interferir en la intención de la Audiencia Provincial de Sevilla de plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE.
Tal y como publicó este diario, los letrados del Tribunal Constitucional emitieron hasta 5 informes en contra de que Cándido Conde-Pumpido intentase bloquear la citada cuestión prejudicial.
Los cinco informes eran coincidentes: Conde-Pumpido no puede prohibir, condicionar, limitar o interferir de forma directa o indirecta en la decisión de los magistrados sevillanos desde el Tribunal de Garantías.
Los letrados del TC también afirmaban que los tribunales de justicia tienen derecho a recurrir ante la justicia europea una ley o una resolución adoptada por un tribunal de última instancia contra la que no cabe recurso. Si el TC intenta obstaculizar esta decisión, se estaría contraviniendo el derecho de la UE y atentando contra la independencia del Poder Judicial.
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