El fenómeno de la okupación en Cataluña no solo crece en volumen, sino que muestra un perfil delictivo cada vez más claro y consolidado. Según el balance de seguridad 2024 de los Mossos d’Esquadra, el 68% de los okupas detenidos o denunciados tienen entre 22 y 38 años, mientras que la edad media general se sitúa en los 32 años. Solo el 34,2% son de nacionalidad española, lo que indica una presencia significativa de extranjeros entre los autores, aunque el informe no desglosa los datos por países.
Perfil del okupa: hombre joven, reincidente y sin consecuencias judiciales
El informe confirma que el 38,6% de los okupas identificados en 2024 son hombres, aunque no detalla el sexo del resto. En cualquier caso, la mayoría responde al patrón de varón joven, sin cargas familiares aparentes, y con antecedentes por otros delitos menores o patrimoniales.
Al tratarse de ocupaciones tipificadas en su mayor parte como delitos leves, en especial las que afectan a inmuebles vacíos, el riesgo judicial o penal es prácticamente inexistente. Esto explica la reincidencia y la expansión de las mafias especializadas en ocupar, revender o explotar viviendas sin uso.
Más de 8.300 casos en lo que va de año
Durante el primer semestre de 2024 se han registrado en Cataluña 8.320 denuncias por ocupación ilegal de viviendas, lo que representa un incremento del 10,1% respecto al mismo periodo de 2023. De ellas, 6.265 fueron ocupaciones consumadas, mientras que 2.055 fueron tentativas frustradas, es decir, una de cada cuatro denuncias corresponde a un intento de ocupación que no llegó a producirse.
El 88,4% de las ocupaciones consumadas fueron clasificadas como "ocupación inmoble lleu", mientras que un 9,5% se consideraron violaciones de domicilio con voluntad de ocupar y un 2% se encuadraron en el delito de usurpación.
Viviendas vacías, el objetivo principal
El balance oficial también detalla el tipo de vivienda más afectada. El 61,8% de las ocupaciones consumadas se produjeron en inmuebles sin uso o en construcción, mientras que el 25% correspondieron a pisos o apartamentos habitados y el 11% a casas aisladas o masías.
Este patrón demuestra que el fenómeno no se limita a grandes tenedores o fondos, sino que afecta directamente a propietarios particulares y a segundas residencias, muchas veces con dificultades para acceder a medios judiciales eficaces.
Pocos desalojos, mucha impunidad
Entre febrero y diciembre de 2024, los Mossos recibieron 5.142 requerimientos judiciales de apoyo a desahucios por ocupación. Sin embargo, solo el 47% de ellos (2.441) se ejecutaron finalmente, mientras que el 35% (1.796) fueron suspendidos por decisión del juzgado antes de la fecha prevista.
Este dato refleja el bloqueo judicial y la ausencia de respaldo político a los procedimientos de desalojo, que muchas veces se prolongan durante meses o incluso años. A la vez, crecen las tentativas fallidas de ocupación, que en 2024 ya