La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "la prevención de incendios es la mejor herramienta" y que "es responsabilidad de todos", en plena alerta por el incendio de Carcastillo. Sin embargo, el Plan Anual 2025 de Prevención, Vigilancia y Extinción, aprobado por su Ejecutivo, desmiente esa visión compartida y señala deficiencias concretas: las quemas prescritas no son sistemáticas, la acumulación de biomasa sigue sin tratarse y la presión social impide aplicar algunas medidas. Además, el documento admite que la temporalidad del personal y la falta de recursos condicionan la prevención activa.
Las palabras frente al papel: el contraste entre discurso y gestión
Durante el inicio de las fiestas de Tafalla, Chivite aseguró que "la preocupación del Gobierno es salvar vidas y entornos" y agradeció la labor de los agricultores en las tareas de extinción del incendio aún activo en Carcastillo. También apeló a la "responsabilidad de todos" en materia de prevención.
Pero los documentos oficiales aprobados por su Ejecutivo muestran una realidad más compleja. El Plan Anual 2025 reconoce que las tareas preventivas no se ejecutan de forma generalizada y dependen de tres condiciones: que las solicite un ente local, que haya personal disponible y que exista presupuesto.
"Las quemas prescritas, los tratamientos selvícolas preventivos y otras acciones estructurales de prevención solo se ejecutan en función de la disponibilidad presupuestaria y del personal, y tras ser solicitadas por los entes gestores del territorio."
(Plan Anual 2025)
La prevención no llega a todo el territorio ni se aplica por sistema
Aunque el plan está obligado por el Real Decreto-ley 17/2022 a abarcar la totalidad del territorio foral, la prevención estructural sigue sin consolidarse como política sostenida. No existen objetivos medibles ni porcentajes de superficie tratada fijados por norma.
Además, el propio plan reconoce que la presión social frena algunas actuaciones clave, como las quemas prescritas, lo que limita aún más la capacidad de anticipación frente al fuego:
"En determinadas ocasiones, la presión social impide el uso de herramientas preventivas eficaces como las quemas prescritas."
(Plan Anual 2025)
El monte sigue acumulando vegetación sin tratamiento
Uno de los riesgos más graves es reconocido por el propio Gobierno navarro: el abandono del medio rural y la acumulación de biomasa en los montes:
"La acumulación de vegetación (biomasa) y el abandono del medio rural aumentan la continuidad del combustible y el riesgo de incendios de gran intensidad."
(Plan Anual 2025)
Sin embargo, en el mismo documento se indica que la acción preventiva sobre ese combustible vegetal no es sistemática y queda condicionada a factores externos. Tampoco se ha reforzado la actividad ganadera o agrícola como mecanismo natural de gestión del territorio.
La mayoría de los incendios son provocados, pero la respuesta sigue siendo reactiva
Navarra coincide con el patrón nacional: la inmensa mayoría de los incendios forestales no tienen origen natural. El propio plan cifra en más del 85% los fuegos provocados directa o indirectamente por actividad humana.
"En más del 85% de los casos, el fuego es provocado directa o indirectamente por la actividad humana."
(Plan Anual 2025,)
Este dato desmonta el discurso del incendio como fenómeno inevitable y confirma la necesidad de una política preventiva sostenida, enfocada en la vigilancia, la educación, la limpieza del monte y el control de prácticas de riesgo. Ninguno de estos frentes aparece como prioritario o ampliado en el plan 2025.
Personal temporal, presupuesto limitado y ausencia de planificación estructural
El plan también admite que la temporalidad del personal contratado para tareas forestales limita la prevención a largo plazo. Tampoco se recogen refuerzos presupuestarios relevantes ni medidas para desestacionalizar la prevención.
"La temporalidad del personal limita la planificación a largo plazo de las medidas preventivas."
(Plan Anual 2025)
El modelo sigue centrado en la reacción ante el fuego y no en su anticipación, a pesar de las competencias plenas que tiene la comunidad en materia forestal.