El ridículo de la Fiscalía con Begoña Gómez: "La actividad en la UCM no puede calificarse como negocios particulares"

La Fiscalía ha intentando nuevamente salvar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, de sus imputaciones. El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, investiga a Gómez por delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación.

La UCO remitía el pasado sábado un informe al juez Peinado con decenas de correos electrónicos intercambiados por el que fuera vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio, y la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez. Dichos correos electrónicos demuestran que Álvarez gestionaba en primera persona la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC), que dirigía la mujer de Pedro Sánchez, con hasta 11 empresas y entidades distintas. Solo una semana antes de este informe, la Fiscalía presentó un escrito ante la Audiencia Provincial de Madrid defendiendo a Begoña Gómez con firmeza.

En el escrito de 9 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Fiscalía afirma que "cuando hablamos repetida e incisivamente de negocios privados de la investigada MARÍA BEGOÑA GÓMEZ no parecemos ser siempre conscientes, o lo olvidamos, de qué magnitudes estamos hablando. A los folios 7843 a 7846 por ejemplo (consta en otros folios) está la información económica sobre cargos y retribuciones de BEGOÑA GÓMEZ en la Universidad Complutense de Madrid: salvo error u omisión, 34.314 euros entre 2012 y 2022, de los que 9.131 euros parecen ser previos al ascenso de su marido a la Presidencia del Gobierno, lo que harían 25.183 euros".

"En todo caso, no parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado, ni que la actividad en la UCM pueda calificarse como negocios particulares. A pesar de haberse acordado en su momento una investigación patrimonial exhaustiva de sus cuentas bancarias, no tenemos noticia de pagos sospechosos", añade.

"La universidad se nutre de fondos privados y conoce a personas del sector privado para futuras colaboraciones y las empresas acceden a potenciales clientes (que son los alumnos). En este marco, la investigada se pone en contacto con empresas que pudieran financiar el proyecto. Y aquí donde entran LA CAIXA y REALE SEGUROS", apunta.

La Fiscalía también intenta desacreditar al exvicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio: "La verbalización del Vicerrector DOADRIO señalando que el Rector le dijo que tenía que crear la Cátedra extraordinaria, afirmación no exenta de ambigüedad, negada por el otro interlocutor y sin corroboración adicional explicativa posterior, habría sido el único elemento que en su momento podría sugerir algo anómalo. Pero las irregularidades que puedan surgir en los trámites y el ámbito administrativo (en este caso universitario), no pueden abocar, de forma automática; a presumir iuris et de iure y pretender predicar una actividad delictiva subyacente", señala.

Defiende su inocencia en los otros delitos

La Fiscalía continúa la defensa de Begoña Gómez por los otros delitos por los que está imputada: "No es la cuestión debatida ahora, pero más allá de sumar imputaciones y delitos, continuamos a la espera de que se nos indique dónde ha quedado el delito de corrupción en los negocios, cuya improcedencia e imposible subsunción hemos defendido siempre. Y toda la temática de la supuesta apropiación del software instruida en la pieza principal se ha desvanecido. No se ha apropiado de ningún software. Ni existía ningún ánimo de lucro. No ha existido en ningún momento. Ni apropiación, ni indebida, ni ánimo de lucro alguno".

"Y respecto a la usurpación de funciones públicas o intrusismo profesional por la acción relativa a la firma del pliego de condiciones técnicas por MARÍA BEGOÑA GÓMEZ, sin entrar a si reúne o no tal condición o si es preciso o no una titulación concreta, lo cierto es que de la documental recabada se constata la consulta y la firma a instancia de los propios responsables y gerente de la UCM, indicando que lo debía firmar un responsable de la cátedra. Ni parece un caso de índole penal y no existe elemento doloso por ningún lado, pareciendo a lo sumo una irregularidad administrativa", concluye.

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