El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado abrir una pieza separada tras recibir el auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en relación con los pagos en metálico realizados al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Todo ello, con el objetivo de investigar una presunta financiación ilegal del PSOE de Pedro Sánchez.
En la documentación enviada por el Tribunal Supremo y ahora incorporada a esta pieza, se incluyen las declaraciones prestadas ante el alto tribunal por el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, la empleada del partido, Celia Rodríguez, así como la de la empresaria Carmen Pano. Adjunta igualmente la parte del informe de la UCO del pasado 8 de octubre que analiza los hechos, así como la información facilitada por el PSOE sobre dichos pagos. El magistrado ha acordado dar traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en la causa de la apertura de la pieza separada y de la documentación.
La semana pasada, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que investiga la Trama Koldo acordaba remitir testimonio al juez Moreno el informe de la UCO de 8 de octubre y la información facilitada por el PSOE al Alto Tribunal acerca de los pagos en metálico realizados a José Luis Ábalos y Koldo García, a fin de que, si considera que existen para ello méritos suficientes, procediese a realizar una investigación.
En un auto, el instructor recordaba que el informe de la UCO referido reflejaba la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del Partido Socialista Obrero Español en favor de José Luis Ábalos o de Koldo García, que no constarían, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por el PSOE en la causa. Asimismo, indica que ni Ábalos ni Koldo García ofrecieron al respecto ninguna clase de información en sus comparecencias de este mes ante el magistrado, en las que se acogieron a su derecho constitucional a no declarar.
"Si la mayor parte del dinero que se mantenía en caja tenía por objeto, conforme explicó el director gerente, compensar los gastos anticipados por personas pertenecientes al partido (en particular los miembros de la Secretaría de Organización) y que recibían, lógicamente, de éste ciertos emolumentos por conducto bancario, no se comprende con facilidad que resultara necesario contratar, al menos para esos casos, una empresa de seguridad con el propósito de trasladar desde la cuenta de funcionamiento a la caja del partido importantes cantidades de dinero para entregarlas después en metálico a la persona que ellos designaran, en lugar de proceder, más cómodamente y sin incurrir en gastos adicionales, a realizar las compensaciones que resultaran procedentes a través de las correspondientes transferencias"", señalaba el juez.
El auto concluía que "todas estas incógnitas deben ser despejadas, tras practicarse la investigación correspondiente, en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas. Sin embargo, parece claro también que la actividad del partido político, sea finalmente una u otra la calificación jurídica que merezca, no se halla inescindiblemente vinculada a los hechos aparentemente delictivos que constituyen el objeto de la presente causa especial, cuya competencia, además, corresponde a este Tribunal Supremo únicamente por la condición de aforado que ostenta el Sr. Ábalos Meco."
Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com