La Abogacía del Estado pide la nulidad del caso por el "incumplimiento" de la UCO en el registro a García Ortiz

La última sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se cierra con la presentación de los informes finales de la Fiscalía y la Abogacía del Estado que ejercen la defensa. García Ortiz es juzgado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Al comenzar su exposición final, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, defendía que el Ministerio Público no había actuado de forma impropia en la causa contra Alberto González Amador por el hecho de que este sea pareja de Isabel Díaz Ayuso: "El Ministerio Fiscal no ha tenido ninguna actuación impropia contra González Amador. Ha recibido el mismo trato que a cualquier ciudadano al que se le imputan infracciones penales".

Sánchez Conde ha defendido que la nota distribuida por la Fiscalía con relación al caso de fraude fiscal de la pareja de Ayuso "no era ilícita" porque "todos los elementos que contenía la misma eran ya objeto de público conocimiento cuando fue publicada"

Además, discrepaba del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO): "De ese informe no se desprende ninguna prueba contra el fiscal general del Estado", Según Sánchez Conde, los agentes seleccionaron únicamente los elementos que consideraban relevantes y descartaron otros, sin añadir un análisis técnico genuino.

Respecto al borrado del teléfono del móvil del fiscal general del Estado, afirmaba: "El borrado del fiscal general del Estado, aparte de legítimo, no ha tenido ninguna trascendencia en esta causa". "Viendo aún en la hipótesis tremenda nunca contrastada de que el fiscal general del Estado hubiera hecho llegar a la prensa el célebre de 2 de febrero, una vez que lo tuvo en su poder, es de todo punto conocido que era impune, puesto que la noticia era conocida por los medios de comunicación y está acreditado documentalmente la causa", añadía.

La Abogacía del Estado, en defensa del fiscal general

El representante de la Abogacía del Estado, José Ignacio Ocio, que ejerce la defensa de Álvaro García Ortiz junto a la Fiscalía, iniciaba su intervención con una reflexión: "Este procedimiento ha estado marcado por un contexto mediático excepcional que, en ocasiones, ha desbordado el debate jurídico y ha podido generar un juicio paralelo basado en conjeturas, filtraciones y lecturas parciales que ha creado un entorno adverso para la presunción de inocencia del fiscal general".

La Abogacía del Estado afirmaba que "una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario". A continuación, insistía en la "nulidad" de los registros practicados en los despachos del fiscal general y de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, cuando los agentes de la UCO clonaron los dispositivos electrónicos de ambos.ç

Según la defensa de García Ortiz, los agentes copiaron todo el material disponible y se lo llevaron para hacer posteriormente un cribado "sin cobertura" legal porque se "ejecutó en unos términos que no estaban contemplados" en la resolución del magistrado instructor, que había marcado unos límites temporales. Por ello, solicita la nulidad del caso por el "incumplimiento" de la UCO.

Según José Ignacio Ocio, existe en la investigación "una laguna" en torno al hecho de que el abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, pudo reenviar ese correo de 2 de febrero, cuya filtración se investiga, y en el que ofrecía al fiscal un acuerdo, a otros posibles interesados en aquel procedimiento tributario.

El abogado del Estado aseguraba que la única filtración acreditada en la causa es la del correo electrónico que el fiscal de delitos económicos Julián Salto envió al abogado de Alberto Rodríguez Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, el 12 de marzo. "Neira [el abogado de la pareja de Ayuso] inmediatamente lo fotografió y remitió a su cliente, este a su vez lo reenvió al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es la única filtración de un correo electrónico que está debidamente acreditada en la causa".

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