El ICAM destroza el alegato de García Ortiz: "Decir que 'la verdad no se filtra, se defiende' es autoincriminatorio"

La sexta y última sesión del juicio contra el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos está protagonizada por la exposición de los informes finales de las partes ante el Tribunal Supremo. García Ortiz es juzgado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

En primer lugar, intervenía el abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos. Sobre la difusión de la nota de prensa en la que la Fiscalía incluyó frases textuales de los correos electrónicos reservados entre el otro letrado de González Amador y el fiscal Julián Salto, Rodríguez Ramos ha afirmado que "no era necesario para neutralizar ningún bulo. Y sí era un relato público o institucional de confesión y culpabilidad firmado y en boca del ministerio fiscal".

Después, aseguraba que García Ortiz "ocultó" su actuación en la filtración a la fiscal superior de Madrid Almudena Lastra. Según dijo Lastra ante el tribunal, ella llegó a espetarle al fiscal en una conversación telefónica: "¡Lo has filtrado!" o "¡Lo habéis filtrado!", en referencia al correo difundido por la prensa. Según la versión que dio Lastra, García Ortiz le respondió: "Eso ahora no importa".

Posteriormente, el abogado del novio de Ayuso ha afirmado que existía una especie de complot político, donde la actividad de la Fiscalía estaba "alineada" de "forma plena" con la conducta comunicativa del Gobierno y del PSOE: "Siendo idénticos". Añadía que las palabras "delincuente confeso" han sido usadas reiteradamente desde entonces por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez o el ministro de Justicia Félix Bolaños.

"Se transmite que es un delincuente confeso". "No había reparto de la denuncia y ya se era el delincuente confeso", ha reiterado el letrado, que ha insistido en que se han "generado daños" a su cliente, "marcado" y usado como "moneda política" del Gobierno de Pedro Sánchez. "Ese relato destroza la presunción de inocencia, y apuntalada por el Gobierno", subrayaba.

Rodríguez Ramos a su vez cuestionaba la declaración de los periodistas en el juicio al fiscal general del Estado, señalando que deben tomarse con "cautelas especiales" porque "no tienen obligación de responder" al estar amparados por el derecho profesional a no revelar sus fuentes "con la amplitud que consideren": "Tenemos que prestar cautela en la valoración de lo que dicen, cautelas especiales, igual que las que se adoptan con los investigados, no las normales de un testigo, porque no tienen obligación de responder".

El informe del ICAM y del resto de acusaciones

El abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) que ejerce como una de las acusaciones populares en la vista, Ignacio de Luis, destacaba que la línea de defensa de García Ortiz ha hecho un "flaco favor" a la carrera fiscal al argumentar que "hasta 600 personas" podrían haber accedido al expediente de González Amador. Según ha argumentado, su línea de defensa se cae porque si bien ha aseverado en numerosas ocasiones que, con su actuación, pretendía defender a los fiscales, ahora "no tiene ningún reparo en decir que aquí ha podido entrar hasta la señora de la limpieza".

Además, aludía al alegato político de ayer de García Ortiz en su declaración donde manifestó que "la verdad no se filtra, se defiende". Según el letrado del ICAM, es otro "flaco favor" hacia sí mismo porque la afirmación del fiscal general del Estado "lleva una incriminación velada". "Jurídicamente tiene un componente de autoincriminación muy singular", apostillaba.

El abogado de Fundación Foro Libertad y Alternativa, Fernando García, destacaba como indicio de la culpabilidad del fiscal general su "actitud" durante la investigación de la filtración: "Borra los whatsapps, cambia de móvil…". También hacía referencia a que en la nota de prensa de Fiscalía que incluyó información reservada fue "larga y meditada".

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