Peramato permite al condenado García Ortiz volver al Supremo como fiscal de la Sala Social

El exfiscal general del Estado condenado por un delito de revelación de secretos, Álvaro García Ortiz, se ha incorporado este martes a su antiguo puesto como fiscal en la Sección Social del Tribunal Supremo.

El que fuera líder del Ministerio Público ha pedido incorporarse a esta sección, que aunque no deja de ser una plaza en la Fiscalía del Tribunal Supremo, es al mismo tiempo una de las más tranquilas del Ministerio Público y con menor exposición mediática, que es una de las intenciones que buscaba el propio fiscal.

García Ortiz, que tiene condición de fiscal de Sala, máxima categoría profesional en el Ministerio Público, llega al Supremo después de que la Fiscalía General, ahora dirigida por Teresa Peramato, haya estudiado cómo afecta la sentencia que lo inhabilitaba como FGE. Esta misma ha resuelto a favor de García Ortiz dejándole que vuelva a la carrera fiscal a pesar de haber sido condenado. La resolución adoptada por la cabeza del Ministerio Fiscal se entiende teniendo en cuenta la ley recoge para los jueces que, si la pena no conlleva cárcerl, el magistrado puede volver a su puesto anterior; norma hasta ahora no especificada en cuanto a los fiscales.

El Supremo impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados así como una indemnización a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, de 10.000 euros.

En este sentido, la Abogacía del Estado, que ejerció la defensa de García Ortiz, presentará ante el Supremo un incidente de nulidad contra la sentencia, y pedirá asimismo que se suspenda de forma cautelar la ejecución de la sentencia. Se trata de los pasos previos antes de recurrir al Tribunal Constitucional la sentencia que dictó la Sala de lo Penal del Supremo.

Quien ha presentado ya ese incidente ha sido la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha pedido al alto tribunal que anule la sentencia que condenó a Álvaro García Ortiz.

En el escrito, María de los Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal de la Fiscalía del Supremo, sigue en buena parte los razonamientos recogidos en sus votos particulares por las dos magistradas que se opusieron a la condena.

Sánchez Conde cree que la sentencia debe ser anulada, entre otras cosas, porque vulneró el derecho a la presunción de inocencia de García Ortiz al prescindir del testimonio de los periodistas que declararon en la vista y que aseguraron, protegiendo sus fuentes, que García Ortiz no les había pasado la información.