El juez Calama archiva el caso Pegasus por segunda vez tras la "obstrucción" de Israel en la investigación

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado por segunda vez el sobreseimiento provisional de la causa abierta por la infección con el programa informático Pegasus de los dispositivos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente.

En un auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado considera que "la frustración de la ejecución" de las comisiones rogatorias por parte de Israel "impide investigar sobre la atribución de la autoría de los hechos investigados a persona concreta alguna", lo que lleva al juzgado de la Audiencia Nacional al sobreseimiento provisional.

Calama archivó inicialmente la investigación en julio de 2023 y la reabrió unos meses después para incorporar la información facilitada por las autoridades judiciales francesas en el procedimiento que se seguía en aquel país por la infección con el software Pegasus de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros del gobierno francés, ministros y diputados.

En su auto, el juez de la Audiencia Nacional explica que de las investigaciones realizadas por sus colegas franceses no se desprenden nuevos datos que permitan determinar la autoría de los hechos investigados y que podrían enmarcarse en delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

El instructor destaca la frustración de la investigación derivada de la falta de ejecución de las comisiones rogatorias dirigidas a las autoridades de Israel, emitidas, ampliadas y recordadas en distintos momentos en los últimos años, y que impide investigar "sobre la atribución de autoría de los hechos delictivos investigados a persona concreta alguna, abocándonos, de forma indefectible, a acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones por falta de autor o autores conocidos".

A través de esa solicitud de cooperación jurídica internacional, reiteradamente emitida, el juez pretendía requerir información a la mercantil NSO Group, propietaria del software Pegasus, así como tomar declaración como testigo al CEO de esta compañía.

Para Calama, esta coyuntura le impide avanzar en la investigación de los hechos, al no poder practicarse otras diligencias de investigación. "Ello conlleva que el proceso permanezca aletargado o en situación de latencia hasta que la información obtenida a través de un eventual y poco probable cumplimiento de la comisión rogatoria que el Estado de Israel ha obstruido, o bien nuevas fuentes de prueba permitan, en su caso, la continuación de la investigación".

La situación procesal en la que se encuentra la causa, indica el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4, es lo que en palabras del Tribunal Supremo se califica de "impotencia investigadora".

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