Un informe policial eleva hasta 1,35 millones los posibles beneficiarios de la regularización de inmigrantes

Un informe interno de la Policía Nacional anticipa que el número de inmigrantes que podrían beneficiarse del proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno será muy superior al cálculo oficial. Según ha publicado el diario El Confidencial, el análisis del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) sitúa entre uno y 1,35 millones de personas que podrían regularizar su situación administrativa en una primera fase, más del doble de las aproximadamente 500.000 personas estimadas por el Ejecutivo.

El documento, fechado el 29 de enero y elaborado por los expertos en inmigración de la Policía, recalcula al alza las previsiones gubernamentales al considerar que entre 750.000 y un millón de inmigrantes en situación irregular residentes en España solicitarán acogerse al proceso, a los que se sumarían entre 250.000 y 350.000 solicitantes de asilo que también tramitarán la regularización. En el escenario más conservador, el número total duplicaría como mínimo la cifra defendida por el Gobierno.

El informe policial advierte, además, de efectos a medio y largo plazo sobre los flujos migratorios hacia España. Los analistas del CNIF apuntan a una creciente percepción internacional del país como un destino más permisivo con la inmigración irregular, un factor que consideran que podría actuar como elemento de atracción para los inmigrantes.

En este sentido, prevén movimientos secundarios desde otros países del espacio Schengen de entre 200.000 y 250.000 personas al año, así como un desplazamiento de rutas marítimas desde el Mediterráneo central y oriental hacia el occidental, con un aumento anual estimado de entre 6.000 y 12.000 llegadas por mar. El análisis también anticipa un incremento adicional, de entre el 8% y el 10%, de la inmigración procedente de aeropuertos españoles, especialmente desde países latinoamericanos.

El Gobierno sigue negando el "efecto llamada"

Frente a estas previsiones, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha rechazado públicamente los pronósticos del CNIF. En un documento difundido en su web, el departamento dirigido por Elma Saiz sostiene que no existe "efecto llamada" cuando se establece un marco temporal claro, una fecha de corte definida y un plazo cerrado de solicitudes. El Ministerio defiende que la regularización no favorece a las mafias, sino que, por el contrario, reduce su negocio al disminuir la irregularidad administrativa, que es –según subrayan– la principal fuente de explotación de las personas migrantes.

Sin embargo, desde las últimas semanas organizaciones policiales, como la Confederación Española de Policía (CEP) ha subrayado que los anuncios de regularización actúan como efecto llamada y que las mafias utilizan estas decisiones como gancho comercial para captar inmigrantes en origen, prometiendo futuras legalizaciones. Asimismo, Justicia Policial (JUPOL) señaló durante los primeros días del anuncio el colapso administrativo que ya estamos viendo en la mayoría de las embajadas del país.

El proceso de regularización extraordinaria fue autorizado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de enero mediante la tramitación de un real decreto. Podrán acogerse los extranjeros no comunitarios que acrediten haber residido al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre, así como quienes hayan presentado una solicitud de protección internacional antes de esa misma fecha. Las solicitudes comenzarán a tramitarse el 1 de abril y deberán resolverse en un plazo máximo de 15 días. A las personas admitidas se les concederá una autorización provisional de residencia y trabajo por un año, durante el cual quedarán suspendidos los procedimientos de expulsión o repatriación.

Desde el Ministerio de Inclusión se subraya que la regularización ordena situaciones laborales ya existentes y permite que el trabajo que muchas personas migrantes realizan en condiciones de informalidad pase a desarrollarse con derechos, cotización y seguridad jurídica. El Ministerio de Elma Saiz defiende que la población extranjera representa una aportación estructural al empleo, al sistema de pensiones y al crecimiento económico, especialmente en sectores esenciales como los cuidados, la agricultura o la hostelería.