La presión política sobre la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, continúa aumentando. Las formaciones de centro-derecha han redoblado este martes su ofensiva y han reclamado su dimisión tras las recientes revelaciones plasmadas en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Koldo. Las conclusiones de los investigadores han provocado una oleada de reacciones en el ámbito político nacional y autonómico.
En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz del Partido Popular en el Parlamento balear, Sebastià Sagreras, ha instado a la dirigente socialista a abandonar "mañana mismo" la presidencia de la Cámara Baja. Para el representante autonómico, esta decisión es inaplazable y debe tomarse, aunque solo sea por preservar el buen nombre de los ciudadanos de las Islas Baleares, cuya imagen considera gravemente dañada por este escándalo.
Durante su intervención, el portavoz popular ha adelantado que su partido no se limitará a la exigencia política, sino que elevará un escrito al Tribunal Supremo. El objetivo de esta maniobra legal es que el alto tribunal analice en profundidad las "mentiras" que, según la formación, ha vertido la expresidenta autonómica en torno al caso mascarillas. "Armengol se benefició de los privilegios de su cargo para declarar por escrito y ahora sabemos por qué", ha sentenciado Sagreras.
En la misma línea, la portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Manuela Cañadas, ha considerado que "la salida más ética y la que se merecen los ciudadanos es la dimisión inmediata de sus cargos". Desde la formación de Santiago Abascal consideran insostenible la continuidad de la presidenta del Congreso tras el avance de las pesquisas policiales.
Para Cañadas, el minucioso informe de la Guardia Civil confirma que, mientras el conjunto de los ciudadanos permanecía encerrado en sus casas cumpliendo las estrictas normas durante la pandemia, la entonces líder del Ejecutivo balear "se iba de copas". Además, ha subrayado que la dirigente "ha mentido en sede parlamentaria", una grave conducta que, según ha recordado la portavoz de Vox, se encuentra tipificada en el Código Penal.
Por otro lado, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha exigido autocrítica a los socialistas de las islas. Al margen de que existan o no indicios de que algún cargo local se beneficiara económicamente de la trama corrupta, Apesteguia ha criticado que, "por confiar en alguien de su partido", los comisionistas pudieron campar a sus anchas y hacer negocios irregulares en Baleares. "Creemos que esta crítica no se ha hecho con profundidad", ha aseverado.
En este sentido, Apesteguia ha mostrado su hartazgo ante la actitud de las principales formaciones políticas, lamentando que la ciudadanía tenga que observar cómo los grandes partidos "se arrojan los trastos a la cabeza" utilizando la corrupción como arma arrojadiza. Ante esto, ha reclamado que se activen mecanismos efectivos para evitar nuevos escándalos, "se llamen Ábalos o M. Rajoy", criticando que el Partido Popular haga partidismo con esta lacra institucional.
Finalmente, el dirigente mallorquín ha extrapolado este intercambio constante de reproches a otros debates de la actualidad nacional, como es la cuestión de la regularización extraordinaria de inmigrantes que se tramita en el Parlamento. "Estoy convencido de que el PP habría acabado aprobando esta regularización", ha concluido, censurando la polarización constante en el debate público.