La Nación española, como "proyecto sugestivo de vida en común", tiene también que ofrecer libertad, justicia, seguridad, bienestar, prosperidad y acceso a la educación y a la cultura a todos los ciudadanos españoles y a los inmigrantes que se integren en nuestra sociedad. Las actuaciones de todos los Poderes públicos deben encaminarse a ello. Corresponde, en particular, al Estado garantizar efectivamente las condiciones indispensables para el ejercicio en toda España de los derechos de los ciudadanos y el cumplimiento por parte de los Poderes públicos de sus deberes frente a ellos. Si el proyecto nacional es atractivo, las fuerzas centrífugas pierden su sentido. Si el Estado de Derecho resplandece, para orgullo de la Nación, ésta no se debilita.

Creo que este párrafo (punto número 13 del texto de las enmiendas a la ponencia política del PP presentadas por Vidal Quadras y otros miembros de mi partido) condensa las reivindicaciones y anhelos de una mayoría de españoles, no sólo votantes del PP, que esperan de verdad que el Estado de Derecho garantice la libertad y la igualdad de todos ante la Ley en todos los lugares de la Nación española.

Pero las tres enmiendas atienden también a aspectos básicos del sistema democrático, como la separación de poderes, la regeneración de la vida política y la función pública, el respeto a la libertad de expresión y a las creencias religiosas de los españoles... y responden precisamente a una vocación de alternativa al actual Gobierno socialista, que ha cargado en la pasada legislatura contra la independencia judicial, los medios de comunicación opuestos a su política, la Iglesia, la familia tradicional, la libertad de enseñanza y la solidaridad entre los españoles de cualquier región.

La gestión de Rodríguez Zapatero ha sido, evidentemente, contraria a ese "proyecto sugestivo de vida en común" de que hablaba Ortega y Gasset, porque para el presidente del Gobierno la Nación española es "un concepto discutido y discutible", mientras que para sus aliados nacionalistas ni siquiera existe, o queda reducida a "Estado represor español".

En relación con ello, conviene tener en cuenta otro de los puntos (nº55) incluidos en las enmiendas, por lo que recomienda para hacer frente al constante desbordamiento del marco constitucional practicado por los nacionalistas:

En primer lugar, debería precisarse el significado y funcionamiento del Estado autonómico, sobre la base de considerarlo un Estado unitario de base nacional pero políticamente descentralizado, en el que las decisiones que afectan al conjunto deben prevalecer sobre las que interesan únicamente a los poderes públicos territoriales organizados por y desde la propia Constitución. En el Preámbulo habría que hacer referencia al proceso de formación de la unidad nacional, verdadera base de la pluralidad histórica española, lo que a su vez permitiría revisar el artículo 2º y suprimir la artificiosa distinción entre "nacionalidades" y "regiones". Tendría también que abordarse la reforma del sistema electoral del Congreso para asegurar el mantenimiento de una visión de conjunto, en garantía del interés general de España, al constituirse las mayorías parlamentarias. Al mismo tiempo, habría que reformar el Senado y sus relaciones con la Cámara Baja, para convertirlo en el órgano de participación de las Comunidades Autónomas en las decisiones del Estado.

Es decir, definir concretamente los conceptos básicos de España como Nación y del Estado unitario y descentralizado, y fijarlos en el acervo constitucional, en detrimento de la indefinición jurídica a la que nos aboca el presidente de Gobierno con sus trucos semánticos de prestidigitador burlón, y en detrimento asimismo del concepto de "nacionalidad" que Julián Marías, discípulo de Ortega y una de las mentes españolas más lúcidas y mejor amuebladas del siglo XX, llegó a calificar de "aberración semántica". ¿Cuál es mi nacionalidad? Española y País Vasco, según las dos acepciones recogidas en la Constitución vigente.

Además, el siguiente punto (nº56) concreta este afán de definición de conceptos básicos y de competencias del Estado:

Complementariamente, debería procederse a la culminación estable del sistema autonómico en la perspectiva del interés general, mediante la prohibición de que se incluyan declaraciones de derechos y deberes de los ciudadanos en los Estatutos de Autonomía, la redefinición de las competencias respectivas del Estado y las Comunidades Autónomas, la mejor regulación de los "hechos diferenciales" (incluyendo una mejor y más clara regulación de los derechos históricos de los territorios forales y los regímenes jurídicos civiles forales), la supresión de la posibilidad de seguir realizando en el futuro transferencias de competencias y el definitivo reconocimiento del actual status de Navarra.

De nuevo, frente a la indefinición que permite la libre interpretación de lo que son las Comunidades Autónomas por parte de socialistas y nacionalistas, el texto de las enmiendas pretende todo lo contrario: aclarar, fijar y reconocer la realidad del Estado autonómico, de manera definitiva y como culminación de un proceso integrador alentado por la Constitución de 1978.

Y si tan necesario me parece esta claridad en las definiciones y fijar además los límites al desarrollo del Estado Autonómico, y tan urgente en la hora actual, se debe a la coincidencia en el análisis con otro de los puntos de las enmiendas (nº46):

En Cataluña y el País Vasco, y en menor medida en Galicia, Canarias y Baleares, existen partidos nacionalistas claramente separatistas, y en algunos casos manifiestamente antidemocráticos (ANV, PCTV). Todos ellos –y en especial cuando han ejercido funciones de gobierno- han presionado sobre la organización constitucional para conseguir una indefinida apertura de sus ámbitos competenciales y una progresiva relación de bilateralidad con el propio Estado, antesala de la secesión. Con ello se pretende, como en el Estatuto catalán, establecer una especie de cosoberanía, inhabilitando al Estado para ejercer su función al servicio del conjunto de la Nación. En el País Vasco, tras el rechazo por el Congreso de la propuesta de "Estado libre asociado" en que consistía el primer Plan Ibarretxe, se ha anunciado la convocatoria de un referéndum de autodeterminación para octubre de 2008 sin que el Gobierno haya dado pista alguna de cómo atajará este desafío abiertamente anticonstitucional.

Éste es el análisis correcto de la presente coyuntura política, y mal haría el PP si pretendiera desenfocar la gravedad de la hora actual prestando atención a otras cuestiones. Es el desafío de la secesión, el vaciamiento del Estado para responder a la deslealtad de los nacionalistas, y la nula voluntad del Gobierno por responder adecuadamente al desbordamiento constitucional que pretenden los separatistas, con Ibarretxe a la cabeza y los representantes de ETA en las instituciones vascas, lo que debe ocupar y preocupar al PP como partido, ayer como hoy como mañana, porque son la Nación española y el Estado de Derecho democrático los que están en juego.

A los hechos contantes y sonantes remito a todos aquellos que creen exagerado este análisis: esta mañana el lehendakari Ibarretxe, tragándose el sapo de su promesa sobre la "ausencia de violencia", ha decidido aprobar un recurso legal para proceder a su dichosa consulta, una de cuyas dos preguntas reza tal como sigue:

¿Está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la violencia para siempre?

Pregunta que, por cierto, formuló en similares términos el presidente del Gobierno al Congreso de los diputados hace ahora 3 años, cuando decidió recabar su apoyo para negociar públicamente con ETA-Batasuna lo que llevaba negociando en secreto con los terroristas desde cuatro años antes. Recordemos las verificaciones del ministro del Interior al respecto, y las continuas declaraciones de dirigentes socialistas vascos cuando aseguran que "ahora no se dan las condiciones para el diálogo" y a renglón seguido afirman que volverían a dialogar con terroristas porque "sin diálogo nunca se acabará con ETA".

Esta afirmación, tan falsa como interesada, es la que marca la estrategia de Patxi López ante las próximas elecciones vascas, que busca explotar los deseos de paz de una sociedad para rentabilizarlos en votos, pero sólo contribuye por el contrario a apuntalar la estrategia terrorista de ETA de seguir amenazando, extorsionando y asesinando, ahora que ya vuelve a ser tratada como interlocutor político de un Gobierno español gracias a la legitimidad que le brindan discursos como los de Rodríguez Zapatero y López.

Por eso, el éxito del PP depende ahora más que nunca de saber centrar el debate en lo que importa, elegir a los más adecuados para defender la estrategia que, en consecuencia con nuestros principios, debemos saber desplegar, y proceder con firmeza y coraje a plantear nuestra alternativa a todos los españoles y al propio Partido Socialista, a quien no en vano se le reclama para un gran consenso nacional que permita garantizar la libertad y la igualdad de todos los españoles y frenar así la deriva constitucional que padecemos.

Estos son nuestros retos. Y estas enmiendas la vía adecuada para afrontarlos.