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El Gobierno, a las comunidades díscolas: "Acabará imperando el sentido común"

El Ejecutivo afirma que no hay más connotación que la de la mejora de la eficiencia administrativa y augura que "acabará imperando el sentido común".

RUBÉN FERNÁNDEZ
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Sin estridencias y con tranquilidad, pero con firmeza. El Gobierno decide responder a la oposición de Cataluña -en relación a la Ley de Reforma de la Administración- con serenidad. "Desde algunos sitios donde se está viendo resistencia, venimos viendo ejemplos de supresión de organismos y estructuras muy en línea de lo que se dice en el informe", afirma Jaime Pérez Renovales, subsecretario de Presidencia y presidente de la Comisión encargada del ajuste. "Muchas de las medidas que se plantean tienen que ser compartidos por todos porque no hay ningún tipo de connotación u otra razón que no sea la mejora de la eficiencia administrativa", afirmó en un acto en el que tuvo que sustituir a última hora a la vicepresidenta después del fallecimiento de su padre.

"La implantación de la reforma va a ser mucho más fluida de lo que la gente se piensa. El sentido común se va a imponer en muchas de las medidas que se plantean en el informe", insistió. Renovales recordó un dato: las autonomías están en trance de disolver 708 sociedades públicas, lo que entre 2011 y 2013 va a suponer un ahorro de unos 1.500 millones.

Crítica al PP andaluz

Renovales "no ve una especial reticencia" en el seno del PP para eliminar ciertos organismos, pero manda un recado al PP andaluz, cuya vicesecretaria, Ana Corredera, se mostró en contra de eliminar el Defensor del Pueblo Autonómico por estar en el Estatuto. "Extremadura lo tenía previsto en su Estatuto y no lo creó, Baleares lo tenía previsto en su Estatuto y tampoco lo creó, Cantabria también", afirmó, no sin recordar que "Asturias y Castilla-La Mancha ya lo eliminaron" y que Madrid suprimió la figura del Defensor del Menor.

Pese a todo, Renovales recordó que la supresión de Defensores del Pueblo, Tribunales de Cuentas o consejos consultivos sólo supone entre el 5 y el 10 por ciento del ahorro previsto por la reforma que lleva el sello de la vicepresidenta. El responsable de la CORA destacó, no obstante, que no es de obligado cumplimiento la eliminación de los organismos sino que se trata de una recomendación. El Gobierno ya informó de que presionará a las comunidades a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

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