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Soraya dice que los etarras excarcelados tendrán que arrepentirse para recibir el subsidio

El Gobierno trabaja para evitar que los etarras excarcelados cobren el subsidio. Asegura que Del Río no recibirá la indemnización de 30.000 euros.

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El Gobierno trabaja para evitar que los terroristas que se beneficien de la sentencia de Estrasburgo reciban un subsidio del Estado. Explican fuentes de los departamentos implicados que esta ayuda se da a cualquier reo que salga de prisión para favorecer su reinserción, por lo que Moncloa está diseñando una cláusula determinada para integrantes de ETA. En este sentido, ya se ha diseñado un grupo de trabajo que aglutina a los ministerios de Interior, Justicia, Empleo y Presidencia.

Aunque aún no hay nada cerrado, el Ejecutivo busca que, antes de recibir el subsidio, el etarra en cuestión tenga que cumplir con dos premisas: arrepentirse de los hechos que se le imputan y por los que ha estado en prisión y satisfacer íntegramente sus obligaciones civiles. "Ése es el punto en el que estamos", precisó Soraya Sáenz de Santamaría.

La idea fue promovida por Interior después de la convulsión generada en la opinión pública por el excarcelamiento de la sanguinaria Inés del Río. El Gobierno, consciente de los casos que están por llegar, trata de evitar la fotografía de un etarra recibiendo una cuantía fija del Estado. "Es lo que le faltaba a las víctimas", reconocen en privado. La clave, en palabras de la vicepresidenta, pasaría por "condicionar" la obtención de estas prestaciones asistenciales a los anteriores requisitos, siendo el más complejo de encajar –según las citadas fuentes- el relativo a la satisfacción de las obligaciones civiles.

Del Río no recibirá la indeminación

En paralelo -es una cuestión distinta-, el Ejecutivo quiso dar por zanjado el debate sobre si Inés del Río recibirá la indemnización de 30.000 euros que fijó Estrasburgo. Son taxativos en este sentido: la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya decidió en su día bloquear esa cuantía y la Fiscalía ha dejado claro que "aún debe dinero al Estado" y que ello no ha prescrito –deberían pasar 15 años-.

Alberto Ruiz Gallardón, también presente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, incidió en este sentido: "No es que no se vaya a cumplir la sentencia de Estrasburgo, sino lo que se va a hacer es aplicar el (artículo) 1202 del Código Civil", recalcó. Esto es, a la etarra "no se le satisfará ninguna cantidad en efectivo" porque la deuda la tiene con el Estado. Y por ello, concluyó, se le reducirá ese dinero a deber los 30.000 euros estipulados por el TEDH.

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