Cerca de 10.000 personas -8.000 según la Guardia Urbana y 60.000 según los organizadores- se han manifestado en Barcelona entre gritos de independencia en una protesta por la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de leyes catalanas a raíz de los recursos del Gobierno.
El Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos presentados por el Gobierno central a las leyes de emergencia habitacional y energética y la ley de igualdad aprobadas por el parlamento catalán, de forma que han quedado suspendidas temporalmente mientras resuelve el fondo de la cuestión.
La manifestación ha partido de la plaza de Urquinaona y ha recorrido sin incidentes la Via Laietana y el paseo de Isabell II hasta finalizar en el Pla de Palau, donde se ubica la antigua sede de la Delegación del Gobierno.
En primera línea de la manifestación se han ubicado los representantes de unas 60 entidades vecinales, culturales y sindicales de Cataluña, que portaban una pancarta con el lema "Los derechos no se suspenden: trabajo digno, derechos sociales y democracia real".
En segunda fila, representantes de todo el arco político catalán, excepto el PP y Ciudadanos, han sostenido una gran bandera catalana.
Entre otros, han participado en la protesta la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell; el vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras; la portavoz del gobierno, Neus Munté; el consejero Josep Rull y el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens.
También han acudido el líder del PSC, Miquel Iceta, acompañado de la diputada socialista Eva Granados y el concejal del PSC en el ayuntamiento barcelonés Jaume Collboni; el candidato de En Comú Podem, Xavier Domènech; el líder parlamentario de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell; el candidato de ERC, Gabriel Rufián, y el líder de EUiA, Joan Mena.
No deja de sorprender la presencia del PSC en una manifestación contra las decisiones del TC, después de que fuera el mismo Iceta quien presentase en noviembre de 2015 sendos recursos ante el Tribunal Constitucional contra la resolución independentista promovida por Junts Pel Sí y las CUP. Un recurso que interpuso junto a Ciudadanos y PP. Aquella declaración separatista del parlamento catalán es, en última instancia, el documento del que cuelgan las leyes catalanas paralizadas ahora por el TC.
Unas 60 entidades de la sociedad civil catalana han convocado la protesta, entre ellas, la Confederación de las Asociaciones de Vecinos de Cataluña, cuyo presidente, Jordi Giró, ha pedido que el Gobierno deje de recurrir leyes catalanas que son elementales para la sociedad.
"Ya es suficiente", ha lamentado Giró, que ha pedido a los ciudadanos que se manifiesten para preservar sus derechos.
Por su parte, el presidente de la Mesa de entidades del Tercer Sector Social, Oriol Illa, ha dicho que las leyes suspendidas, la de emergencia habitacional y pobreza energética y la de igualdad, no suponen una invasión de competencias, sino que frenarlas suponen ir en contra de los derechos sociales de los ciudadanos.
Illa ha insistido en que el Tribunal Constitucional no sólo ha suspendido la ley de emergencia habitacional de Cataluña sino también leyes similares aprobadas en Murcia y Canarias.
Esta ley, limita el derecho a la propiedad privada y obligaba a los tenedores de las viviendas a ofrecer un alquiler social a las personas desahuciadas por el 30% de sus ingresos, una obligación que queda en suspenso, igual que toda la ley, lo que supone, según estos separatistas, que "el TC defiende a los grandes tenedores, es una sentencia a su favor".
El dirigente de ERC, Gabriel Rufián ha asegurado que "hoy más que nunca decimos que no pediremos permiso nunca más", para hacer leyes sociales, mientras que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha planteado que la manifestación "para nosotros es una reivindicación mucho más amplia. Lo que queremos es que haya gobiernos en España y Cataluña, leyes y tribunales para promover los derechos sociales".
El diputado y líder de En Comú Podem, Xavier Doménech, ha considerado que Cataluña se ha de movilizar "para echar al PP y a su política" de recursos a las leyes aprobadas en la cámara catalana.
La portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, ha considerado que su presencia y la de otros consejeros "tiene todo el sentido y toda la coherencia" porque, a su juicio, "el Tribunal Constitucional, a instancias del Gobierno del PP, ha adoptado decisiones que son muy lesivas para los ciudadanos", con la suspensión de las leyes.