Son conocidas las diferencias más llamativas entre las jueces Mercedes Alaya y María Núñez Bolaños, como las de trocear el sumario del fraude de la formación y el recientemente reavivado por la Audiencia de Sevilla de archivar la pieza política del caso, similar a la pieza del caso de los ERE que fue juzgada durante 2018 en la misma Audiencia. Sabido es que esa es la pieza que mantiene a la espera de sentencia a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos expresidentes de la Junta de Andalucía y presidentes nacionales del PSOE y a una veintena de ex altos cargos de sus gobiernos.
Pero la decisión de la Audiencia sevillana de reabrir, aunque haya sido matizadamente, el sumario político del caso del fraude de la formación como consecuencia de un recurso del PP, ha dejado al descubierto cuán diferente fue el comportamiento de la juez Alaya y de la juez Núñez Bolaños en algunos elementos claves de la instrucción del caso como fue la guarda y custodia de las pruebas.
Es preciso recordar que la juez Mercedes Alaya concibió el caso del fraude de la formación como una trama imposible de haber perpetrado los presuntos delitos sin haber contado con la aprobación jerárquica por parte del poder político vigente en la Junta de Andalucía, esto es, los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Era la misma concepción que tuvo de la instrucción del caso ERE y cuya consecuencia ha sido el procesamiento de los responsables políticos, expresidentes de la Junta, exconsejeros, exviceconsejeros y ex directores generales. Su visión del caso triunfó en el Tribunal Supremo y por ello no tuvo más remedio que ser aceptado por la nueva juez sustituta, María Núñez Bolaños, que, sin embargo, quiso quedarse al margen del procedimiento cediendo los trastos a su juez de apoyo, Álvaro Martín, que lo culminó y ahora esta a la espera de sentencia.
No ocurrió así en el caso del fraude de la formación, dando lugar a una curiosa situación según la cual el mismo juzgado que defendía la existencia de una trama política en el caso de los ERE, decidió que no la había en el caso de la formación a pesar de los numerosos indicios que la UDEF de la Policía Nacional y la UCO de la Guardia Civil habían aportado al caso. La Fiscalía estuvo de acuerdo con la juez en plena campaña electoral de 2016 y el caso fue archivado.
Pero antes de ser archivado por su sucesora, la juez Alaya tomó una decisión natural, dada su hipótesis de trabajo, ante el peligro de alteración de las pruebas y expedientes. La juez ordenó a los agentes de la UCO de la Guardia Civil que impidieran el acceso a los despachos donde se agrupó toda la documentación que sirviera para comprobar las irregularidades. Con el precintado de toda la documentación se quería impedir cualquier actuación encaminada a destruir o "corregir" los datos originales almacenados a la espera de su inspección detallada.
Lo que hizo la juez Núñez Bolaños, defensora de la tesis de que no había delito penal sino infracciones administrativas, fue muy diferente. En octubre de 2016 decidió el archivo del caso y posteriormente, en enero de 2017, decidió desprecintar los dos despachos en los que dormían los más de 18.000 expedientes que contenían subvenciones y ayudas a la formación por importe de casi 3.000 millones de euros, cuyas presuntas irregularidades eran objeto del sumario del caso del fraude de la formación.
Es más, en su rechazo del recurso del PP contra el archivo del caso en enero de 2017, Bolaños escribió o que tanto la magistrada Mercedes Alaya como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habían elaborado "teorías sobre conspiración y tramas delictivas" que han causado un "daño" a personas "cuya honorabilidad y profesionalidad se ponen en cuestión, viéndose abocadas a defenderse como delincuentes en el proceso". Nada menos.
Y luego, recuerda ABC, acordó quitar los cierres de seguridad de dos despachos del Archivo Central de la antigua Consejería de Empleo y Comercio que fueron precintadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el 19 de agosto de 2014.
Por si fuera poco, no esperó siquiera a que su auto de archivo fuese firme, sino que permitió a la Junta de Andalucía, a cuyo frente habían estado muchos de los ex altos cargos inicialmente imputados y que seguía gobernada por su partido, el PSOE andaluz, poder entrar en ambos despachos y utilizar los documentos allí almacenados por no ser objeto de investigación alguna. Aquella medida indignó al PP, partido que ejerce la acusación particular, pero fue consumada por la Junta que, curiosamente, era también acusación particular y que se sumó a la petición de archivo de la causa.
Nadie sabe qué ocurrió con los documentos allí depositados desde la orden de precinto de la juez Alaya porque la juez Núñez Bolaños autorizó que la Junta hiciera "de forma libre" lo que quisiese con ellos. Por si fuera poco, la dejó hacer sin presencia policial alguna y la Fiscalía, que ahora la ha denunciado por diferentes motivos en el Consejo General del Poder Judicial, tampoco se opuso a aquel tratamiento de las pruebas que la primera juez del caso, Mercedes Alaya, consideró vitales para la investigación.
Esos documentos son los que ahora han de volver a examinarse sin garantía de que no hayan sido manipulados por alguien. En ellos se recogen los 2.896,48 millones de euros concedidos en subvenciones para cursos de formación a entidades, sociedades y personas desde 2002 a 2012, más de diez años.
Aunque la Audiencia no apoya la tesis de la "trama política" y de la red clientelar organizada y vinculada al PSOE que sustentaba la teoría de Mercedes Alaya, tal teoría le resulta indiferente porque la existencia de "tal trama es innecesaria si lo que se ha hecho es crear una situación de hecho" en la que el descontrol de las subvenciones era la costumbre en la Junta aunque ello era claramente ilegal y tenía que ser conocido forzosamente por los altos cargos de la Junta.
Recuérdese que Libertad Digital, en una exclusiva de 2015, dio a conocer los informes de los ocho interventores provinciales de la Junta de Andalucía sobre los cursos de formación en las ocho provincias andaluzas. En seis de ellos, se acusaba a la dirección del Servicio Andaluz de Empleo, esto es, a los delegados de las Consejería de Empleo en seis provincias, de haber incumplido sus obligaciones.
En los dos restantes, en un caso se culpaba a los beneficiarios de las ayudas del caos y las irregularidades y en el otro, el de Sevilla, se afirmaba no poder saber de quién era la responsabilidad porque no le fueron facilitados los informes requeridos de manera adecuada.