Los padres que pidan para sus hijos la exención de estudiar en valenciano tienen que firmar una "exención de responsabilidad" en la que las autoridades educativas de la Generalidad tratan de convertir esa decisión en una especie de autoinculpación sobre el resultado presuntamente dramático que tendrá en la educación de los niños.
El texto, que está tanto en valenciano como en español, explica que esta exención "puede aplazar o impedir la consecución de los objetivos de una educación plurilingüe plena", así como "el logro de los objetivos curriculares de todas las lenguas", lo que según amenazan las autoridades lingüísticas "puede poner en desventaja" a los niños "para afrontar las exigencias y los retos de la sociedad valenciana en un futuro inmediato".
"Por lo tanto –termina el escrito– declaro que he sido informado/ada de forma suficiente y clara sobre las repercusiones de la exención en cuanto a la formación del alumno/a y que conozco y entiendo las condiciones de la exención en cuanto a asistencia a clase y evaluación".
El PP pide retirar el documento
Los populares en la Comunidad Valenciana han pedido la retirada inmediata del impreso y aseguran que el consejero de Educación, Vicent Marzà, del grupo nacionalista Compromís, "trata de coaccionar ilegalmente a quien opte por la exención del valenciano".
Además asegura que el texto de la exención de responsabilidad pretende crear "un sentimiento de culpa" en los padres "al indicar que esa opción perjudica la educación de sus hijos", que se está tratando de imponer a la fuerza sus ideas nacionalistas saltándose las leyes y los derechos de los ciudadanos" y que se pretende de "obligar a una especie de autoinculpación de los padres como si los exentos fueran delincuentes".
Tendrán que seguir dando valenciano
Un aspecto llamativo del asunto es que a pesar de que los padres soliciten esta exención los alumnos siguen teniendo que asistir a clases de valenciano y, además, se ven obligados a cursar el 25% de las asignaturas en la lengua regional, según advierte el PP.
Los populares aseguran que se están cometiendo diversas ilegalidades, ya que las zonas castellanohablantes están reconocidas en el Estatuto de autonomía y, además, se está aplicando la normativa de una forma que contraviene lo especificado por la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, la norma máxima al respecto.
Por ejemplo, denuncian que "es ilegal cambiar la lengua a un alumno mientras no finalice la etapa" y ahora muchos alumnos que hasta el momento han estudiado en la línea en castellano el próximo curso tendrán que dar el 25% de las clases en valenciano.