Vox vuelve a enfrentarse a un nuevo escándalo en uno de sus principales bastiones electorales: Andalucía. Francisco Serrano, candidato del partido en las elecciones andaluzas que supusieron la irrupción del partido en las instituciones, se ha dado de baja de la formación después de que la Fiscalía Superior de la comunidad le haya acusado de fraude de subvenciones. Su salida no altera la mayoría que Vox suma con PP y Cs.
El exjuez está siendo investigado por una ayuda de 2,4 millones de euros concedidos en el año 2016 por el Ministerio de Industria a la empresa Bio Wood Niebla SL, de la que era socio, para construir una fábrica que quedó sin terminar. La subvención nunca fue devuelta, motivo por el cual el Ministerio Público ha decidido querellarse contra él y sus entonces socios.
Según informa el partido en una nota a los medios, Serrano ha decidido mantener su acta de diputado por lo que pasará al grupo de los no adscritos. El diputado ha explicado que la decisión obedece a su deseo de "centrarse en su defensa jurídica, a la vez que desmontar la campaña que pretendía atacar a Vox a través de su persona". En la nota, el partido le agradece su trabajo a lo largo de los últimos meses.
Fuentes de Vox aseguran sin embargo que su salida supone "un alivio" ante los escándalos que ha venido protagonizando y que ya estuvieron a punto de provocar su salida del partido. Entre ellos, las críticas que lanzó en Twitter sobre la sentencia de La Manada, lo que derivó en una baja médica de un mes para mantenerle alejado de los medios, o el apoyo que recientemente manifestó a la presidenta de Vox Sevilla y diputada, María José Piñero, cuando decidió abandonar el partido entre duras acusaciones contra la dirección.
En la práctica, Serrano apenas ejercía ya el liderazgo del grupo parlamentario o del partido en Andalucía. En su lugar, Alejandro Hernández ha venido ocupando este puesto como portavoz en esta comunidad, ya que el papel del ex juez era irrelevante dentro de Vox.
Problemas de Vox en el sur, su principal caladero de votos
La nueva polémica se suma a las que han tenido lugar recientemente en Murcia con la expulsión de tres de los cuatro diputados que el partido tiene en esta comunidad. Todos ellos mantienen el acta y siguen presentándose como integrantes de Vox a pesar de que la dirección nacional se ha desvinculado de ellos y les abrió expediente por intentar crear un grupo paralelo, según explicaron.
Los diputados alegan sin embargo que la dirección nacional pretendía ejercer el control sobre las cuentas del partido en la Asamblea y había impuesto su criterio en la contratación de personal vinculado a Vox. La disputa todavía no se ha resuelto ante la negativa de los diputados a devolver su acta o integrarse en el Grupo Mixto.
Tanto Andalucía como Murcia son los caladeros de votos más importantes para Vox. El primer caso permitió al partido de Abascal entrar en las instituciones y supuso un importante empuje para las posteriores elecciones generales del mes de abril. En las de noviembre, el partido logró convertirse en primera fuerza política en Murcia, puesto en el que ha venido manteniéndose en casi todas las encuestas, a pesar de ser terceros en las autonómicas del mes de mayo.
Sin embargo, la premura con la que tuvieron que confeccionar los equipos para presentarse a las elecciones, siendo un partido sin apenas estructura, ha jugado en su contra y ha provocado que varios de los cargos designados se hayan rebelado contra la dirección nacional.