La Moncloa ha planteado la Semana Santa como un punto de inflexión. El Gobierno vive su particular vía crucis, bajando en los sondeos, haciendo penitencia por los datos de la inflación y sin una línea clara ante el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Pedro Sánchez espera tener su particular domingo de resurrección. El lunes reaparecerá en una entrevista en televisión. El presidente del Gobierno volverá a las mañanas de televisión, un territorio que no pisaba desde la precampaña, para conceder una entrevista a Susanna Griso en Antena 3. La entrevista "madrugadora" de Sánchez contrasta con sus últimas apariciones, en el prime time de La 1 y LaSexta.
El Gobierno busca marcar la agenda del primer día laborable tras las vacaciones de Semana Santa y que, previsiblemente, sea la misma jornada en la que el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, convoque elecciones anticipadas.
En el PSOE dan por hecho que los comicios serán el 12 de junio y ya llevan varias semanas trabajando en la confección de las listas, conformando sus comités electorales. El calendario que manejan en la calle San Vicente, la sede central del PSOE andaluz, es que los nombres tienen que estar listos para ser ratificados la última semana de abril o la primera de mayo.
No será la única entrevista de Sánchez. A partir de ahora, la Moncloa trabaja con la idea de exponer más al presidente para tratar de buscar el foco. El martes, el Consejo de Ministros aprobará una de las medidas más esperadas por los ciudadanos: el fin de la mascarilla en interiores.
La decisión se aprobará el día 19 y saldrá en el BOE al día siguiente. Será una "vuelta de las sonrisas", tal y como anunció Carolina Darias, cuando se aprobó una relajación de las mascarillas que luego volvieron a rectificar. En el Gobierno esta vez auguran que todo será diferente, que ya estamos en otra etapa de la pandemia y que el covid se ha gripalizado.
Una convalidación sin problemas
A partir de ahora, la economía centrará la agenda. Tras solventar la "crisis de los transportistas", el Gobierno ya trabaja en la Ley de Trabajo a Precio Justo, que esperan tenerlo redactado tras el verano. Antes, se tendrán que enfrentar a la convalidación parlamentaria del Real Decreto económico, aprobado el 29 de marzo, que esperan que llegue al Congreso en la última semana de abril.
El PP sigue sin desvelar su postura aunque la Moncloa, tras la reunión con Feijóo, se inclinaba por una abstención. El Gobierno, que se ha negado a incluir la bajada de impuestos que pedía el PP, cree que lo sacará sin problemas con el apoyo de sus socios parlamentarios que ya le han mostrado su respaldo.
Desconcertados con Feijóo
El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cogido con un pie cambiado al Gobierno, que trata de hilvanar una línea argumental clara. Por un lado, el PSOE llevaba varias semanas ejerciendo de "poli malo", acusándole de ser un aliado de Vox y de la "extrema derecha". Por otro, el Gobierno guardaba cautela. Incluso tras la primera reunión entre Sánchez y Feijóo no ahorraron en calificativos como "provechosa".
Una prudencia que rompían este martes de manera definitiva para arremeter contra Feijóo desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Desde acusarle de "abrir en par las puertas a la ultraderecha", a calificar de "anómala" la situación en Castilla y León frente "al resto de Europa".
El Gobierno tratará de atacar al nuevo líder del PP. Saben que su perfil de "moderado", que el propio Ejecutivo le atribuyó para confrontarlo con Isabel Díaz Ayuso, le resta votos, así que ahora esperan como agua de mayo cualquier polémica en Castilla y León para "desmitificarlo". Moncloa no dudará en recurrir cualquier decisión controvertida ante los tribunales. "Estaremos vigilantes", advierten.
Una "guerra fría" que en algunos casos va a ir más allá. El presidente socialista de Asturias, Adrián Barbón, ya ha advertido de que las reuniones sectoriales entre consejeros del PSOE y los de Vox no se celebrarán aunque se mantendrán las relaciones "entre Gobiernos". Una decisión que podría tener consecuencias ya que son dos comunidades limítrofes con intereses comunes en agricultura o industria, carteras que ahora en Castilla y León controlarán los de Abascal.