Transparencia, paredes de cristal, rigor y control ético en los contratos y en las contrataciones. Toda la retórica contra la "vieja política" de Barcelona en Comú, la versión catalana de Podemos, ha resultado puro humo. La alcaldesa Ada Colau es investigada por prevaricación, fraude, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas en un juzgado de Barcelona. Se trata de una causa relacionada con la posible financiación ilegal de la red de fundaciones y organizaciones no gubernamentales que fueron el trampolín de Colau, Jaume Asens o Gerardo Pisarello al Ayuntamiento.
La dirigente podemita atribuye la investigación judicial a una sórdida campaña de constructores y empresarios turísticos que financiarían a todo aquel que se querelle contra ella. También presume de máxima transparencia, de que ella no participa en las adjudicaciones, de que todo está bajo control. Sin embargo, hay voces autorizadas que refutan esta versión.
El mismo Comité de Ética del Ayuntamiento de Barcelona, un órgano independiente cuya función es la de velar por la transparencia, la integridad y el buen gobierno en la administración municipal, ha denunciado este miércoles que se encuentra en una situación agónica, "al borde del colapso" en palabras de uno de sus miembros, el profesor de Filosofía Norbert Bilbeny, sin medios, personal y presupuesto.
El citado comité ha presentado su informe anual ante la comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación, Seguridad y Prevención y el balance no puede ser más desolador. El comité se creó en 2017 y está formado por académicos y juristas independientes y de reconocido prestigio. En la actualidad forman parte el citado Bilbeny, Dolors Feliu, Antoni Bosch, Joan Josep Moreso y Robert Rubió. Cuentan para su función con la Dirección de Análisis del Ayuntamiento, minúscula sección municipal formada por cuatro funcionarios, la directora, dos letradas y un técnico administrativo. Su función, en síntesis, es la de velar por el estricto cumplimiento y observancia de un código ético impulsado por los grupos municipales.
Es misión imposible. Bilbeny ha comparecido en la comisión en nombre del comité y ha denunciado que el maltrato que reciben "pone a prueba la salud democrática y la integridad en este Ayuntamiento". Desde su creación en verano de 2017, el "buzón ético" ha recibido dos mil comunicaciones, lo que ante la falta de personal y medios ha llevado al Comité de Ética a la pura irrelevancia.
"Sin presupuesto no podemos llevar a cabo las tareas de formación y prevención de riesgos y de malas prácticas que nos asigna el mismo código ético y la Dirección de Análisis no ha recibido ninguna dotación económica para sus múltiples funciones. En relación a la falta de personal técnico, jurídico y administrativo, hay que decir que contamos solo cuatro con personas en plantilla, la directora, dos letradas y un administrativo. Se aprobaron dos plazas de nivel superior y una de técnico administrativo, pero ni se han cubierto ni en caso de cubrirse responderían a las necesidad reales", ha añadido Bilbeny.
"No tenemos personal"
Tras las intervenciones de los representantes de los grupos municipales volvió a hablar Bilbeny: "Quiero expresar nuestra preocupación, que es intensa. Estamos ya al borde del colapso, al borde del colapso, ya no sabemos cómo continuar trabajando con, de hecho, cuatro personas en la Dirección de Análisis. Todo mi respeto y todo mi interés por las palabras que hemos escuchado aquí en relación al personal que ha sido aprobado, pero, sea como sea, sus plazas no han sido cubiertas. Y de eso nos quejamos, de que no tenemos suficiente personal. Y este personal que debe venir, que no dudamos de que haya previsión de que venga, no lo dudamos, pero que de momento no viene, este personal debe ser funcionario. No porque tengamos el capricho, por decirlo así y disculparán la palabra, el Comité de Ética o la Dirección de Análisis, que hace muy bien su trabajo, sino porque normativamente según la ley municipal estas plazas deben ser cubiertas por funcionarios, por funcionarios de carrera, no por personal interino ni por ningún otro grado de competencia profesional".
Aludía Bilbeny, según algunos de los presentes, a la propensión del gobierno municipal que preside Ada Colau a colocar a parejas sentimentales en puestos de "asesores".