Los tumultos y batallas campales de Alcalá de Henares han vuelto a demostrar que los ataques callejeros se han convertido en un muy serio problema de seguridad en España. Las bandas latinas lo confirman día a día. Y la pandemia dejó igualmente en evidencia un sistema policial nacional con déficit de agentes, totalmente exprimidos desde el punto de vista salarial y con una dinámica de saturación de turnos insostenible en el tiempo. Pero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se niega a dar permiso, por ejemplo a Madrid, para que amplíe en 1.300 agentes la dotación de Policía Municipal. Y ello, pese a carecer la Comunidad de policía autonómica.
El Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a solicitar este mes de agosto el permiso del Gobierno para ampliar la dotación de Policía Municipal. Se trata de una competencia exclusiva del Estado que debe autorizar a los ayuntamientos. En caso contrario, los municipios no pueden incrementar sus efectivos policiales. El objetivo de Madrid era ganar 1.300 efectivos policiales. Pero Grande-Marlaska y Pedro Sánchez no quieren.
La delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, fue la encargada de solicitarlo: pidió expresamente al Gobierno de Pedro Sánchez que eliminase la tasa de reposición impuesta para poder contratar a más policías locales.
No se trata de la primera vez que se solicita, ni mucho menos. "Se ha convertido en una reclamación periódica nuestra. Y en una negativa suya sistemática", señalan desde el Ayuntamiento de Madrid. "Y no podemos entender cuál es el problema, cuando el coste lo pagaría el Ayuntamiento", añaden.
Desde el Ayuntamiento señalan que se está produciendo una recuperación gradual de la normalidad de la actividad policial, pero se sigue observando una necesidad de contratación de más policías municipales. Para ello, por ley, el Ayuntamiento de Madrid necesita que el Gobierno elimine la actual "tasa de reposición, para poder tener el número de policías que la ciudad necesita".
Pero el "no" se ha convertido en la posición inamovible del Gobierno de Sánchez.
Y ello, pese al evidente aumento de la criminalidad con fuerza -los robos en los hogares españoles han crecido, por ejemplo, un 27% en el primer trimestre de 2022-. Y pese a las reclamaciones policiales. En esta línea, el sindicato CEP de la Policía Nacional ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, un endurecimiento de las penas y más medios para combatir a los violentos y mantener el orden público.
El Gobierno, pese a ello, camina en dirección contraria: prepara una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que resta poder de actuación a la Policía rebajando hasta la credibilidad del testimonio de los agentes. Y todo ello ocurre mientras los ataques callejeros se disparan.
La Policía Nacional respalda el criterio defendido por el Ayuntamiento de Madrid: se necesita un "endurecimiento del Código Penal en los casos de riña tumultuaria y desórdenes públicos graves ante el preocupante incremento de la violencia en la calle por parte de grupos especializados en algaradas", señalan desde CEP. Y, además, hacen falta más efectivos policiales.