El Gobierno de Pedro Sánchez parece haber encontrado en Doñana una nueva batalla de la que sacar rédito electoral. Solo así se explica la sobreactuación de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, denunciando la "arrogancia de señorito" del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, al que acusa de querer legalizar regadíos en el mencionado Parque Nacional.
La realidad, sin embargo, es bien distinta. Y no porque así lo sugieran las explicaciones facilitadas por el consejero de Medio Ambiente de la Junta, que también, sino porque así lo demuestra el propio texto de la Proposición de Ley de PP y Vox publicada este jueves en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA), que es precisamente el objeto de la polémica.
Gobierno y PSOE han arremetido duramente contra ambos partidos por, según dicen, pretender legalizar regadíos en Doñana con aguas subterráneas. Sin embargo, si algo se deduce de la lectura del documento es que las tres premisas son falsas: ni la nueva norma servirá para legalizar regadíos, ni se propone utilizar aguas subterráneas ni el territorio objeto de las medidas propuestas se encuentra en el Parque Nacional.
No afecta a Doñana
El propio título de la propuesta no alude en ningún momento a dicho espacio protegido: "Proposición de Ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del condado de Huelva, en los terrenos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva)".
Es más, a lo largo de las más de 20 páginas en las que se explican las medidas a aprobar, se reitera hasta la saciedad que "el desarrollo y efectos de esta norma se aplican en terrenos agrícolas que están fuera del espacio natural, en lo que se denomina el área de influencia socioeconómica". Es decir, en municipios cercanos, pero en suelos que no están protegidos.
No se legalizan regadíos
Lo que se plantea es una corrección del Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana (PEOCFD) aprobado en el año 2014 con el fin de solventar la injusticia denunciada por muchos agricultores que vieron cómo "muchas hectáreas que tradicionalmente eran objeto de cultivos en regadío pasaron por la Administración Autonómica a considerarse no aptas para el mismo". Todo ello, como consecuencia de que para tomar tal decisión se usó una foto fija del verano de 2004 sin tener en cuenta las circunstancias de aquel momento. "Gente que ese año dejó la tierra en barbecho apareció como que no cultivaba o incluso quienes ya habían levantado los plásticos porque la foto satélite se hizo en verano, cuando ya habían terminado los cultivos", explican desde el grupo popular. Y eso es precisamente lo que ha motivado las quejas y manifestaciones promovidas por los agricultores y apoyadas por los ayuntamientos de la zona durante los últimos años.
De esta forma, lo que ahora busca esta ley no es otra cosa que reconocer a todos esos agricultores sus tierras de cultivos en regadío, con independencia de que, a posteriori, éstos tengan que pedir los permisos a las administraciones competentes (confederaciones hidrográficas) para poder regar en dichos suelos, cumpliendo la legalidad vigente. Es decir, que estamos ante una medida de mera ordenación del territorio, como igualmente se repite hasta la saciedad en la Proposición de Ley presentada por PP y Vox.
"El proyecto no se centra en ningún momento en los derechos de agua, puesto que es un mero plan de ordenación territorial, destacando que los derechos de agua se otorgan en este ámbito por cada una de las administraciones y demarcaciones competentes", reza la explicación de motivos. "El que un suelo sea calificado como suelo apto para regadío no conlleva per se el derecho al uso de agua, solo se califica el suelo como agrícola, que puede tener o no derecho a agua (…) —insiste más adelante—. Es por eso por lo que la naturaleza de este Plan es meramente de ordenación del territorio, debiendo obtenerse todos los permisos necesarios para su efectiva puesta en cultivo".
Además, se deja claro que "no se trata de nuevos suelos agrícolas en modo alguno", sino que "son suelos agrícolas que lo eran antes de la entrada en vigor del Plan Especial" y que "deberán aportar documentación acreditativa". En este sentido, PP y Vox insisten en que "no se aumenta en modo alguno la superficie real"; lo que se busca es "dar una solución de legalidad y justicia material a ciudadanos y empresas que deben ser tratados por igual ante la ley, y que pueden disfrutar y usar los recursos hídricos en idénticas condiciones al resto de ciudadanos de la comunidad autónoma".
No se habla de aguas subterráneas
Además de acusar a PP y Vox de querer "legalizar regadíos", el Gobierno apunta que lo que éstos pretenden es facilitar el acceso a los agricultores a las aguas subterráneas, algo radicalmente falso. Y no solo porque eso no se mencione en la Proposición de Ley registrada en el parlamento andaluz, sino porque lo que ésta reclama es todo lo contrario: el uso del agua superficial, que es precisamente lo que llevan años pidiendo los afectados. "Sólo llegando el agua superficial se podrá proteger al parque y su acuífero", defiende el texto que, además, reitera que los principales interesados en conjugar el crecimiento económico con el respeto al entorno son aquellos que viven de él.
Así, la norma que se pretende impulsar parte de la premisa de que uno de los grandes problemas de Doñana es precisamente "el control de las extracciones de aguas del subsuelo con incidencia negativa sobre el acuífero 27" y remarca una y otra vez que "la supervivencia y conservación global del espacio natural pasa por la sustitución progresiva de derechos ya concedidos de agua subterránea por derechos de agua superficial".
En este sentido, Partido Popular y Vox insisten en que "esta opción sí es real en una provincia como Huelva, ya que la cuenca hidrográfica del Tinto, Odiel, y Piedras ha sido históricamente excedente en recursos hídricos, así como otros planteamientos alternativos relacionados con la regeneración de aguas depuradas o desalinización". No en vano, el escrito exhorta específicamente al Gobierno a "avanzar en las obras de interés general que facilitarán la llegada del agua superficial" a la zona y que, tal y como subrayan, son exclusivamente competencia suya y ya fueron comprometidas en la Ley 10/2018. Por eso, afea al Ejecutivo de Pedro Sánchez que a estas alturas algunas aún estén "pendientes de forma total y otras con una ejecución muy incipiente".
Por último, cabe resaltar que, al no proponer una legalización de regadíos ni defender el uso de aguas subterráneas, lo que también cae por su propio peso es la acusación de que la nueva ley servirá de amnistía para los pozos ilegales. De hecho, el propio consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, no solo negó categóricamente este extremo hace unos días, sino que dio un dato demoledor de la persecución de las infracciones en Andalucía: "Este Gobierno ha abierto más de 300 expedientes, mientras que el Gobierno anterior no llegó a los 65".