La investigación judicial sobre los negocios de los familiares de María Gámez con la Junta socialista de Andalucía sigue desvelando prácticas muy reveladoras del nivel de influencia de los beneficiados en el gobierno de Griñán para el que trabajaba la propia María Gámez en aquella época. Una de las sociedades de la familia de María Gámez se hizo con un contrato público de asesoría ligado a Santana Motor. Su valor se elevó hasta casi 340.000 euros. Y, según el sumario del caso, se cerró "sin licitación alguna".
Se trata de uno de los contratos que han disparado la cifra de ingresos lograda por los familiares de Gámez en una de las ramificaciones del caso ERE –el caso Santana Motor –. La sociedad del cuñado de la recién destituida directora de la Guardia Civil firmó un contrato con una instrumental de la Junta de casi 340.000 euros. No fue el único: el total de ingresos ascendió a nada menos que 1,36 millones. El Juzgado quiere conocer todos los ingresos y movimientos de las sociedades que aparecen vinculadas directa o indirectamente al caso Santana Motor o a sus protagonistas. Y quiere saber, igualmente, si los contratos se firmaron de forma legal o no.
El sumario del caso Santana Motor –una de las ramas de los ERE– ha revelado ya un profundo entramado de influencias existente en un plan de ayudas que no escatimó fondos públicos para, en teoría, intentar salvar a la empresa del sector automoción: 36,1 millones de euros. Allí, una sociedad del cuñado de Gámez, Bienvenido Martínez Martínez, entró por medio de la firma Experience Management Group SL. Pero "el contrato para la prestación de servicios técnicos vinculados a la Dirección y operaciones del Centro de Negocios de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Madrid, de fecha 1 de noviembre de 2009, se habría adjudicado a Experience Management Group de manera directa, sin ningún tipo de licitación pública, negociada o de selección de posibles contratistas (por contra de lo manifestado en su día por el Consejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, Sr. Ávila Cano, en sesión parlamentaria de fecha 26/04/2011, cuando indicó que habían llevado a cabo "una licitación pública, con la invitación a tres empresas, y la selección de la mejor oferta económica". El sumario judicial sostiene, por el contrario, que "la contratación habría sido realizada sin justificación administrativa o económica alguna, pues no se indican las razones en virtud de las cuales la Agencia IDEA o su ente instrumental FAGIA, carecían de medios para llevar a cabo de manera directa la gestión del Centro de Negocios. Además, la ineficiencia del Centro de Negocios bajo la gestión de Experience Management Group habría sido evidente, con un gasto del 100% del presupuesto previsto, y unos ingresos irrisorios, precisamente, durante el período en que dicha entidad se hizo cargo de la gestión del Centro de Negocios".
El Juzgado ha reclamado ya toda la "información y documentación" relativa a "las declaraciones presentadas y los datos fiscales […] correspondientes al periodo 2009 a 2011, relativos a: a) Impuesto de sociedades; b) Impuesto sobre el valor añadido (IVA); c) Operaciones con terceros, declaradas e imputadas; d) Impuesto sobre la renta (IRPF) y del patrimonio (IP) de las personas físicas; e) Vinculación entre sociedades y operaciones habidas, en su caso, con su correspondiente administrador/es" de un largo listado de entidades.
El Juzgado quiere comprobar los ingresos y movimientos de dinero de "las siguientes personas jurídicas y sus respectivos administradores, personas físicas: - Experience Management Group, SL y su administrador único, Bienvenido Martínez Martínez", el cuñado de María Gámez. También reclama el Juzgado los mismos datos de Fomento Asistencia y Gestión Integral de Andalucía, SL unipersonal (FAGIA) y su administrador único, Carlos Fernández-Palacios Gonzalo". Esta sociedad está considerada por la Justicia como una instrumental de la Agencia pública IDEA. Los mismos datos reclama la Justicia de Santana Motor, SA, la compañía teóricamente rescatada con un plan de nada menos que 36,1 millones del euros por la Junta socialista de Andalucía.
De hecho, la Justicia busca el destino y utilización de este dinero porque la empresa supuestamente rescatada cerró a los dos años. Eso sí, el dinero no se ha rescatado. El Juzgado quiere también los datos financieros de Fabricados para la Automoción del Sur, SA, (FASUR). Esta empresa llegó a ser presidida por Bienvenido Martínez, el cuñado de María Gámez. Pero hay dos sociedades más que entran en la lista de entidades investigadas. La primera es "Be Make Create, SL, y su administrador Manuel Martínez Martínez", otro cuñado de María Gámez. Y, muy importante, "Job Management Liberty, SL. y su administrador Juan Carlos Martínez Martínez", el marido de la recién destituida directora de la Guardia Civil.