El Gobierno ya tiene los apoyos suficientes para elaborar la nueva Ley de Vivienda que hasta entonces se mantenía paralizada. Pedro Sánchez ya tiene vía libre para intervenir de una forma completamente inédita el mercado inmobiliario. Esta nueva ley va a permitir al Estado intervenir los precios, retrasar desahucios u obligar al arrendador a hacerse cargo de todos y cada uno de los gastos así como de los posibles aumentos que puedan surgir de la tasa de basuras o de gastos de comunidad.
Esta es una nueva medida para perjudicar a las clases medias trabajadoras que tienen una segunda vivienda y no van a poder usarla a su antojo. Definitivamente, el Gobierno no está respetando el artículo 33 de la Constitución y están promoviendo leyes según les apetece.