El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es complicado que pase a la memoria de los guardias civiles como un gran responsable de su departamento. Tras el escándalo de las medallas teledirigidas a "mujeres", el intento de bajar las notas de los guardias varones, el cese de Pérez de los Cobos con sentencia en contra del Constitucional incluida, la expulsión del Cuerpo de Navarra, la invasión de competencias en el mar por los Mossos o la falsa equiparación salarial o de pensiones, llega una traca final: se les niegan complementos salariales a guardias por el hecho de estar destinados a Cataluña.
La denuncia ha sido destapada por la asociación mayoritaria de la Benemérita, JUCIL, que ha pedido una "aclaración por la exclusión de los guardias civiles destinados en Cataluña de una comisión de servicio indemnizable".
El texto de la denuncia remitido a la jefatura dependiente del ministro Grande-Marlaska señala lo siguiente: "Solicitamos al Mando de Personal que motive la restricción de la comisión de servicio indemnizable en la Sección Fiscal y Fronteras de la Farga de Moles, en Lérida, a los compañeros destinados en Cataluña y que la convoque sin dicha exclusión". La protesta ha sido remitida al Teniente General Jefe del Mando de Personal de la Guardia Civil "solicitándole que informe sobre los motivos por los que se ha ofertado una comisión de servicio indemnizable […] que excluye como peticionarios o solicitantes a todos los guardias civiles destinados en Cataluña".
"Injusta y discriminatoria"
JUCIL ha aclarado a Libertad Digital que "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, este tipo de actos restrictivos o discrecionales debe ser motivado, sin que se haya hecho constar en el mensaje causa alguna que justifique la exclusión del personal destinado en Cataluña. La exclusión genérica efectuada, por criterios territoriales no fundamentados, es nula de pleno derecho".
Desde JUCIL explican que la realidad es que se ha generado tal falta de guardias civiles en Cataluña que "ya no se puede sacar a nadie de sus puestos para destinarlo a otros servicios porque se genera un hueco imposible de cubrir".
Pero, sea como sea, los equipos jurídicos de JUCIL aclaran que, "de no existir causa que lo fundamente, se debe proceder a su revocación (de la exclusión de los incentivos a los guardias catalanes)". "Consideramos que esta medida es injusta y discriminatoria para los guardias civiles destinados en Cataluña, que tienen el mismo derecho que el resto a optar a las comisiones de servicio que se ofertan. JUCIL seguirá defendiendo los intereses y derechos de los compañeros y compañeras en todas las partes de España", añaden.
Y es que el Gobierno se puede marchar en las elecciones del próximo 23 de julio. Pero, por el momento, sus decisiones siguen impactando en los agentes de la Guardia Civil. Otra de las últimas decisiones del ministro Fernando Grande-Marlaska, de hecho, provocará que los guardias civiles disfruten de diez días menos de descanso anual. Todo un regalo de despedida para un colectivo al que se le tenía que completar la equiparación salarial y de pensiones con los Mossos y con lo que se ha incumplido el pacto.
La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL, también ha puesto el grito en el cielo por esta decisión y ha anunciado ya que "no permitirá que los guardias civiles pierdan de media 10 días de descansos -descanso adicional singularizados (DAS)- al año con los turnos previstos a partir de 2024".