Mientras la avalancha de inmigrantes que llegan a Canarias sigue sin dar tregua, el Gobierno trata de repartir a los sin papeles por toda España, entre las quejas de numerosos alcaldes y presidentes autonómicos que denuncian el oscurantismo con el que se estaría llevando a cabo esta operación. Hasta ahora, las denuncias que han salido a la luz han sido las de los dirigentes del PP. Sin embargo, en las últimas horas, también un regidor socialista habría dado un golpe en la mesa.
Se trata de Lisardo Santos, alcalde de Sobrado de los Monjes, quien, a diferencia de los populares, habría rechazado directamente acoger a los inmigrantes, lo que ha obligado al Gobierno a modificar su destino. Todos ellos tendrían que haber llegado a este pequeño municipio coruñés el pasado lunes. Sin embargo, se alojarán desde hoy en Porriño, consistorio gobernado por el PP.
Las excusas del socialista
El plan inicial del Ejecutivo pasaba por instalarles en un área del impresionante monasterio de Sobrado. Concretamente, en la Casa del Arco, que, tal y como adelantó Libertad Digital, cuenta con 7 habitaciones dobles y 7 individuales y capacidad para otras 20 personas en camarillas instaladas en la segunda planta. La congregacion religiosa estaba preparada para acoger a los inmigrantes durante un mes. Sin embargo, en el último momento, el regidor socialista se plantó, alegando que "la gente del pueblo no quería".
Se da la circunstancia de que este martes el delegado del Gobierno en Galicia había arremetido duramente contra los dirigentes populares que, a pesar de sus críticas, han acogido a los inmigrantes que se les ha asignado. "No es de recibo que el PP, con la disculpa de que no había información, que fue clara y constante, pusiera palos en las ruedas a echar una mano para aliviar la presión que sufren las Canarias", dijo Pedro Blanco.
Ahora, dichas palabras se le vuelven en contra al PSOE. Así, sabedores del impacto que su rechazo podría tener, fuentes cercanas al alcalde de Sobrado se han esforzado en aclarar que "no es por racismo". Según alegan, el municipio no cuenta con la infraestuctura adecuada para acoger a 40 inmigrantes, puesto que se trata de una pequeña localidad en la que apenas viven 1.767 personas y que cuenta con los servicios propios de una zona rural. De esta forma, el consistorio defiende que el Ejecutivo debería alojar a los inmigrantes en capitales de provincia, donde el impacto sea menor.
Finalmente, los 40 inmigrantes que debían ir a Sobrado han sido trasladados esta madrugada a un albergue de Porriño (Pontevedra), un municipio gobernado por el PP, que cuenta con cerca de 20.000 habitantes, pero que dista mucho de ser una gran ciudad. Aunque se desconoce cuánto tiempo se quedarán allí, todo apunta a que podrían permanecer en Porriño hasta finales de año, ya que el albergue ha bloqueado todas las reservas de su página web para los próximos meses.
Escrivá convoca la conferencia sectorial
La polémica ha coincidido con la reunión que el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, ha mantenido este martes con alcaldes y consejeros de toda España para tratar de aplacar las numerosas críticas recibidas en los últimos días por la falta de información sobre el reparto de inmigrantes.
Aunque el Gobierno se esforzó en trasladar que había sido un encuentro "cordial" en el que todos habían mostrado su solidaridad, lo cierto es que el malestar es más que evidente. No en vano, tras más de dos horas, Escrivá no tuvo más remedio que comprometerse públicamente a convocar la conferencia sectorial de Inmigración, un órgano que no se reúne desde hace cinco años, lo que da buena cuenta de la trascendencia del momento actual. No en vano, a falta de que el Ministerio de Interior haga público el balance oficial del mes de octubre, todo parece indicar que Canarias habría superado ya la cifra de inmigrantes recibidos durante la crisis de los cayucos de 2006.
"Ha quedado de manifiesto que existe voluntad de todas las comunidades de esa solidaridad y esa atención a los inmigrantes porque no son mercancía, son personas, pero también ha quedado claro que hay una descoordinación del Gobierno y una falta de información que dificulta muchísimo la labor", remarcó al término de la reunión la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López.