Pedro Sánchez está decidido a entregar las políticas de inmigración a Cataluña como pago a Junts por haberse ausentado de la votación de los decretos del Gobierno. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha avanzando en TVE que el Ejecutivo ya trabaja en una ley orgánica para "delegar las competencias" en materia de inmigración.
En la norma estarán implicados varios ministerios y tendrá que pasar por el Parlamento. El Gobierno busca así dar salida a una reivindicación de Junts, inmerso ahora en una guerra soterrada contra el flamante partido anti-inmigración Alianza Catalana, que ya ostenta la alcaldía de Ripoll, y que ha levantado las alarmas entre los alcaldes posconvergentes que piden endurecer la política migratoria.
Junts contra los reincidentes
Bolaños ha evitado comentar en qué se traducirá esta "delegación de competencias" pero desde Junts ya avanzan que incluirá permisos de residencia y documentación. El secretario general de partido de Carles Puigdemont y uno de los principales interlocutores con el PSOE, Jordi Turull, ha mostrado lo que parece que será uno de los leitmotiv de su partido de cara a las próximas elecciones autonómicas: endurecer la política migratoria.
"Si se expulsa o no a multirreincidentes se tiene que decidir desde Cataluña", ha afirmado en una entrevista matinal en Cataluña Radio, donde se ha erigido en portavoz de los alcaldes de su partido y ha mostrado el malestar porque hay localidades en las que existen "10 o 12 personas" que "reinciden 200 veces". Queda por ver cómo se traduce esta expulsión de inmigrantes, ya que el control de fronteras es una competencia nacional.
Lo que está claro es que el Gobierno busca con esta ley orgánica "delegar" una competencia que es exclusiva del Estado, en virtud del artículo 149 de la Constitución. De ahí, que se hable de "delegación" y no de "transferencia" o que se impulse una norma, que podría ser recurrida ante el Constitucional, para buscar encajar estas competencias "al amparo" de la Carta Magna.
No es la primera vez que el PSOE se plantea romper una competencia nacional como es la de inmigración. En su pacto con el PNV, sellado el pasado 10 de noviembre, ya se habla de transferir el sistema de acogimiento de inmigrantes, lo que le permitiría tener voz propia a la hora del reparto de cuotas de los subsaharianos que llegan a las costas. Ahora, a la vista de la cesión a Junts, es probable que los nacionalistas vascos acaben por pedir todo el control del sistema inmigratorio.